El paro ha sido uno de los problemas más significativos para los españoles durante estos últimos veinte años. Desde los algo más de 2,5 millones de desempleados de 1991 a los datos actuales, con cifras que doblan esos registros, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se han producido muchos cambios, pero hay algo que no lo ha hecho: la debilidad del mercado laboral.
Cuando nació esta publicación el desempleo era una de las ‘pesadillas’ que quitaba el sueño a los españoles, ya que desde la crisis económica y financiera de la década de los ochenta la tasa de paro nunca ha bajado del 8%. En 1992 España entró en recesión debido a la elevada inflación y el alto déficit público que soportaba tras la expansión que propició la entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) seis años antes, y la tasa de desempleo se situó en el 18,4% justo el año en que la población española superó, según los datos del Banco Mundial, los 39 millones.
Algo que el gobierno socialista liderado por Felipe González intentó paliar con un Real Decreto de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección del Desempleo, que reorganizaba el sistema de ayudas a las empresas por la contratación de parados con dificultades para encontrar empleo y aplicaba medidas para la formación profesional, aunque los esfuerzos del Ejecutivo no dieron sus frutos y la cifra de parados no haría más que aumentar año tras año.
Por ello, en 1994, cuando el mercado laboral arrastraba ya una tasa de paro del 24,2%, se aplicó una intensa reforma en la que no participaron los sindicatos. Las nuevas medidas flexibilizaron la normativa de contratación y negociación colectiva, y se incrementaron las causas que podían argumentar las empresas para justificar el despido. Además, se creó un nuevo contrato de aprendizaje, conocido como ‘contrato basura’, que regulaban las empresas de trabajo temporal.
Estas medidas hicieron que en 1995 la economía española iniciase su recuperación. Experimentó una fase de crecimiento que se vio reforzada con la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno de José María Aznar en 1997, que contó con el beneplácito tanto de las patronales CEOE y Cepyme como de los sindicatos UGT y CCOO. Ese año, con una tasa de paro del 20,8%, se firmó el Pacto sobre la Estabilidad en el Empleo, cuyo objetivo era combatir la precariedad laboral, reformar la negociación colectiva y solventar los vacíos normativos. Además, pretendía luchar contra la generalización de los contratos temporales, por lo que se abarató la contratación fija.
El ladrillo, de milagro a pesadilla
De esta forma, el número de desempleados se redujo paulatinamente gracias a la demanda de empleo en sectores de bajo valor añadido, como la construcción o la hostelería. Todo esto alentó la confianza inversora, favoreció el aumento del crédito e impulsó la demanda de viviendas y de bienes de consumo duradero. La economía española resurgió así de sus cenizas y se instaló en un escenario que ayudó a reducir el paro. En 2001, con una situación laboral mucho mejor que la de años anteriores, el Gobierno del PP impulsó una nueva reforma laboral cuyo objetivo era ampliar las medidas del acuerdo de 1997, que tan buenos resultados estaban dando.
Con este panorama, en 2006 se firmó la primera reforma laboral del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía reducir la temporalidad abusiva en el mercado de trabajo y rebajar los costes laborales a las empresas, entre otras medidas. Un acuerdo que, aunque ayudó a reducir el número de parados, no evitó el estímulo de la burbuja inmobiliaria, que explotaría dos años después debido al desequilibrio de la economía española, basada casi totalmente en el sector de la construcción, lo que dejaría colas interminables en las oficinas del INEM.
En 2008 comenzó la destrucción del empleo ligado al modelo inmobiliario, y la tasa de paro se incrementó hasta el 11,3%. Pese a los esfuerzos para mitigar la crisis por parte del Gobierno socialista de Zapatero, que impulsó recortes fiscales y medidas de austeridad tanto en 2009 como en 2010, año en el que también promovió una nueva reforma laboral para intentar recuperar la senda de crecimiento, la tasa de paro no dejó de avanzar y marcaba nuevos máximos en cada registro, superando el 20% en 2010. Y la cosa no ha mejorado en 2011.
Los últimos datos de la EPA, correspondientes al tercer trimestre del año, muestran un incremento de la tasa de paro hasta el 21,5%, la más elevada desde 1996, con lo que ya son casi cinco millones los ciudadanos sin empleo en España. Una ‘pesadilla’ que continuará, según creen algunos expertos, durante mucho tiempo.
