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Los siete ‘pecados’ de la Justicia española

Mazo de juez
Mazo de juez
Jueces para la Democracia y Rights International Spain repasan el “grave” estado de la Justicia española en una carta enviada al nuevo Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.
Jueces para la Democracia (JpD) y Rights International Spain (RIS) han enviado una carta al nuevo Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, el peruano Diego García-Sayán, para informarle sobre el ‘mal’ estado en el que se encuentra el sector de la Justicia en España.
 
En la misiva de ocho páginas, las dos asociaciones denuncian las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, que han supuesto “un ataque al principio de separación de poderes, a la independencia del poder judicial, así como a la independencia e imparcialidad de jueces/zas y magistrados/as y al derecho de acceso a la justicia para la ciudadanía”.
 

 
Jueces para la Democracia y Rights International Spain han aprovechado la epístola enviada al señor García-Sayán para clasificar en siete puntos los que considera como principales ‘pecados capitales’ de la Justicia española:
 
1. Reforma del Consejo General del Poder Judicial: “intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la judicatura”.
 
Tal y como detallan en la carta enviada al Relator de la ONU, los integrantes del Consejo General del Poder Judicial en España son nombrados por el Parlamento a través de un pacto de cuotas entre los principales grupos parlamentarios, principalmente el Partido Popular y el PSOE. Esto “pone en cuestión” su independencia real con respecto del poder político.
 
2. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “merma adicional a la independencia de jueces/zas”.
 
Las dos asociaciones de jueces denuncian que la Ley Orgánica del Poder Judicial sufrió nueve reformas durante la anterior Legislatura de Mariano Rajoy aprobadas “únicamente” gracias al PP, lo que afecta de manera “adversa” el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger el Estado de Derecho, aseguran.
 
3. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “¿para agilizar la administración de justicia?”.
 
Durante la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, el Ejecutivo aprobó una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el presunto objetivo de agilizar la justicia penal.
 
Sin embargo, lo que se introdujo fue una reducción de los plazos máximos de instrucción a seis y dieciocho meses, denuncian JpD y RIS, que critican que agilizar la justicia no se logra “solo” limitando los plazos, si no “proporcionando recursos suficientes y adecuados para juzgados y tribunales”.
 
4. “Justicia sin medios y mal percibida por la ciudadanía”.
 
En la carta enviada al Relator de la ONU, Jueces para la Democracia y Rights International Spain lamentan que los recortes realizados, tanto humanos como económicos, hayan “agravado” la saturación de los juzgados y tribunales españoles, “causando retrasos indebidos y obstaculizando el acceso a la justicia para la ciudadanía”.
 
Conviene destacar que después de los recortes aplicados por el Ejecutivo de Rajoy, en España hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 21.
 
5. “Interferencias políticas”.
 
Otro motivo de preocupación para JpD y RIS versa sobre las “interferencias políticas” mientras los jueces/zas están desempeñando sus funciones. En la misiva enviada, detallan ejemplos como las descalificaciones y los ataques perpetrados por dirigentes políticos, “incluidos algunos miembros del Gobierno”, así como de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación, “en particular, en casos muy sensibles relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.
 
Según la carta, “estos ataques buscan influir sobre los jueces/zas para que cambien sus decisiones o el curso de las investigaciones y eso es un ataque a su independencia”.
 
6. Recortes a la Justicia Gratuita: “cada vez más obstáculos en el acceso a la justicia para la ciudadanía”.
 
7. Puesta en marcha del proyecto “Papel 0” con 0 recursos: “menor seguridad jurídica y riesgos a la confidencialidad de las actuaciones”.
 
Una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil estableció la obligación de que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016 para los procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Dicha reforma se ha realizado “sin medios ni una inversión pública” adecuada, denuncian, por lo que la aplicación en la práctica de este sistema está suscitando muchos problemas.
 
“La mayoría de los Juzgados y tribuales siguen trabajando en papel, lo que obliga a los letrados/as a tener que presentar los escritos por dos vías distintas”.

Ander Cortázar

Periodista

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