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Cifuentes mantiene los cuidados paliativos en manos religiosas a base de prórrogas

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
En 2010, Aguirre privatizó parte del servicio con un contrato de seis años que finalizó en febrero y que Cifuentes ha alargado todo 2016 a seis entidades –cinco religiosas-.
La llegada de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid no ha frenado la relación entre los Gobiernos populares y la Iglesia. Una vinculación que se puede apreciar en los contratos -a golpe de prórrogas a dedo- que se han adjudicado en este 2016 a cinco órdenes religiosas para seguir encargándose de un servicio parcialmente privatizado hace ya varios años: los cuidados paliativos. Y todo mientras se espera la nueva redacción del contrato público que ha caído en el olvido de la Consejería de Sanidad.
 
Una amistad que viene de lejos, pero que en 2010 vivió su último affaire. Un año en el que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre insistió en deshacerse de parte de los cuidados paliativos por medio de convenios (la mayoría de los pacientes, como recoge la Memoria del SERMAS de 2015 fueron a parar a camas concertadas). Adjudicando 36 millones de euros a seis entidades privadas, la Comunidad de Madrid ‘se olvidaba’ de este servicio público durante seis años. Una oportunidad que no fue desechada por la Fundación Vianorte Laguna SL, el Hospital Beata María Ana de Jesús, la Fundación Instituto San José, la RR.CC Camilos-Residencia Asistida San Camilo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Hospital Infantil San Rafael y la Clínica SEAR SA. Todas empresas religiosas, menos la última de las citadas.
 
Seis años después, la patata caliente ha recaído sobre el Ejecutivo que dirige Cifuentes. ¿Persistir con la privatización o acabar con estos contratos y que el servicio sea completamente público? Una elección que ya ha resuelto la Comunidad de Madrid, según recogió en febrero el medio Religión Confidencial, pese a no haber noticias de la nueva adjudicación. “La Consejería de Sanidad está trabajando en un nuevo concurso público para descongestionar los hospitales públicos de Madrid con el objetivo de que pacientes crónicos, paliativos o con daño cerebral, sean atendidos de manera gratuita en los centros privados”, publicó el portal web después de contactar con la Consejería de Sanidad.
 
Sin embargo, varios meses después –el contrato finalizaba a finales de febrero-, la Comunidad de Madrid se ha lanzado a un método “irregular”, tal y como lo definen desde Podemos a ElBoletín.com: la acumulación de prórrogas urgentes de tres meses con un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo. El 1 de abril, la Consejería de Sanidad, “debido al interés público suscitado por la imposibilidad de dar cobertura con medios propios al total de necesidades de esta actividad asistencial”, lanzaba un proceso urgente para ver qué sucedía con el contrato finalizado. Finalmente, el 29 de abril, las mismas empresas de 2010 se hacían con la prórroga temporal por un total de 2.234.937 euros.  Algo que se repetiría pasado el verano.
 
El 3 de octubre de este 2016, la Consejería de Sanidad ordenaba, igualmente por un procedimiento urgente y negociado sin publicidad por tres meses, una nueva prórroga. Un proceso que el 31 de octubre culminaría exitosamente para las seis empresas (cinco religiosas) por el mismo importe que en abril: 2.234.937 euros. De esta manera, mientras el nuevo contrato público definitivo brilla por su ausencia, la Comunidad de Madrid ya ha adjudicado en los últimos meses cerca de 4,5 millones de euros a dedo a estas entidades para hacerse cargo de los cuidados paliativos.
 
Un “déficit” en los cuidados paliativos
 
Con esta prolongación, estas seis empresas se están encargando de facilitar un total de 160 camas dedicadas a unos cuidados paliativos en Madrid que, como sentenció en la Asamblea de Madrid el expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Álvaro de la Gándara Castillo, son insuficientes “porque el número de recursos no llega absolutamente al cien por cien de los pacientes”. 
 
“Los pacientes, cuando no pueden ser cuidados en casa desde el punto de vista funcional o porque no tienen apoyo familiar o escaso apoyo familiar, se derivan a estos centros de media y larga estancia; los hay públicos y concertados y funcionan muy bien, pero me parece que son 150 camas en total de los concertados y unas 40 de los públicos. Estos centros tienen una muy irregular distribución geográfica”, sentenció Gándara Castillo en referencia a los hospitales de Virgen de la Poveda, La Fuenfría y Guadarrama que son los únicos que cuentan con camas de media-larga instancia para tratar prolongadamente a los enfermos terminales.
 
De hecho, como denuncia Mónica García, portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad en el Parlamento regional, la Comunidad de Madrid tiene un “déficit” de camas públicas de media-larga instancia dedicadas a estos pacientes. “Hay una dejación de responsabilidad y tiran de convenios. Hay hospitales con plantas vacías que podrían llenarse con camas de media-larga instancia; no hay camas porque no quieren”, sentencia a ElBoletin.com la diputada de la formación morada.
 
Un escenario del que advirtió Gándara Castillo cuando recordó a los políticos que en Madrid existen “muchos hospitales de la red pública que no tienen todavía equipos específicos de cuidados paliativos, equipos de soporte, compuestos por médicos y enfermeras, como mínimo”. Es más, la cifra que maneja el expresidente de la asociación habla de que en la región hay “unos 8.000 pacientes que necesitan atención paliativa y que no acceden a ella”. Y para tapar el agujero, el PSOE pidió hace unos meses recuperar el antiguo Hospital Puerta del Hierro para dedicarlo a esta medicina instalando camas de media-larga instancia. Algo que costaría “25 millones rehabitarlo entero” y que sería más eficaz y rentable que estas prórrogas, según la parlamentaria de Podemos.
 
Sin embargo, desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP-Marea Blanca) ven una intencionalidad política para no abordar este déficit. “No quieren poner solución”, sentencia la portavoz de la plataforma, Carmen Esbrí, a este medio. Una afirmación que apoya después de ver este tipo de convenios: “Hay un plan premeditado de destruir lo público mientras se suelta dinero con la ideología y la religión implícita, así los hospitales privados mejoran y mientras nuestros hospitales públicos se caen”, resume Esbrí.
 
Respecto a estas prórrogas, la portavoz de MEDSAP-Marea Blanca ve unos movimientos de la Consejería de Sanidad totalmente “improvisados”: “Los servicios de paliativos están en pañales, pero se suelta el dinero para tirar balones fuera”. Y el factor religioso que ha estado ligado con los Gobiernos del Partido Popular tienen mucho que decir, según Esbrí: “Es escandaloso que se repitan estas actuaciones, esta intromisión de la religión. Ponen la ideología por encima del bien común”.
 
Seis entidades ganadoras, cinco religiosas
 
La participación de centros religiosos dentro de la sanidad pública no es casualidad para la portavoz de MEDSAP-Marea Blanca, aunque las cinco entidades religiosas tengan en su apellido el “sin ánimo de lucro”. “No me convence lo de ‘sin ánimo de lucro’. Son ‘sin ánimo de lucro en teoría’ y son una tapadera para recibir beneficios fiscales. Detrás están transnacionales que mueven muchísimo dinero”, advierte Esbrí.
 
De las seis empresas que se han hecho con el concurso, cinco son órdenes religiosas, incluso una de ellas con fuertes vinculaciones al Opus Dei, como es el caso de la Fundación Vianorte-Laguna. Una entidad que, como se puede leer en su propia página, “nació en el año 2002 con motivo del Centenario de san Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador del Opus Dei”. Sin embargo, no es la única relación que tiene esta sociedad. La Obra Social La Caixa cuenta con un acuerdo de colaboración para ayudar en este servicio, una firma con el banco que se repite en el caso de la Residencia Asistida San Camilo.
 
Pero una de las mayores dudas que le surgen a Carmen Esbrí tiene que ver con el control de este servicio externalizado: “No se controla por funcionarios públicos ni se realizan auditorías y se les entrega dinero. Porque una cosa es lo que se pacta y otro lo que se vigila con inspecciones”. A su vez, algunos de los ejercicios religiosos que realizan estas órdenes con los enfermos es también una “cuestión alarmante” para la portavoz de MEDSAP-Marea Blanca: “En estas empresas se les da a los pacientes un apoyo espiritual aunque la persona no sea creyente”.
 
Sin embargo, los focos mediáticos no se han situado sobre estas entidades religiosas sino sobre la Clínica SEAR –esta sí con ánimo de lucro-. En 2014, la Comunidad de Madrid se vio obligada a indemnizar con 30.000 euros a la familia de una mujer parapléjica que estuvo ingresada en 2008 en este centro después de sufrir graves heridas tras permanecer varios días en una misma postura, cuando debía haber sido movida varias veces al día.
 
De hecho, varios meses después, a finales de 2014, la Asociación El Defensor del Paciente solicitó al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, la apertura de una investigación para esclarecer supuestos malos tratos a enfermos ingresados en la Clínica SEAR. Un centro que se ganó la definición de “tenebroso lugar” por la presidenta de la asociación, Carmen Flores, después de ver imágenes de la situación de los pacientes y tras oír la denuncia del familiar de una usuaria que permaneció más de 12 horas sin cambiar los pañales, con orines y defecaciones o tras ver que se mezclaban las prótesis dentales de diferentes enfermos en el mismo vaso.
 
Hoy, esta empresa y las otras cinco entidades religiosas siguen contando con la confianza de la Comunidad de Madrid con estas dos prórrogas que alargan un contrato y un servicio parcialmente privatizado que se inició con Esperanza Aguirre y que Cristina Cifuentes mantiene en este 2016.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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