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La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que se persigue y represalia a sus afiliados

Guardias civiles
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La AUGC da cuenta del elevado número de expedientes disciplinarios que los mandos han abierto a sus representantes por defender a los agentes.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que sus representantes están siendo “represaliados” y “perseguidos” por el hecho de pertenecer a esta asociación profesional.
 
La denuncia de la supuesta represión contra el asociacionismo en la Guardia Civil” la ha colgado AUGC en su web y en ella se da cuenta del número de expedientes disciplinarios que se han abierto en las distintas comandancias a los miembros de dicha asociación profesional.
 
La AUGC se lamenta de que “todavía existen en la Guardia Civil muchos altos mandos que desconocen o desafían a la democracia y las normas establecidas en el seno del Cuerpo” y asegura que “una y otra vez se atacan las más elementales normas de respeto hacia los legítimos representantes de los trabajadores a través de la represión disciplinaria” citando como ejemplo las comandancias de Cádiz, Huelva, Salamanca o Badajoz, entre otras, “en la que la apertura de expedientes contra representantes de AUGC parece ser la única manera en que entienden la interlocución estos mandos”.
 
Dicha asociación cita en primer lugar a la Comandancia de Cádiz, “provincia de la que han sido desterrados cuatro compañeros simplemente por prestar testimonio en un juicio, se han abierto un total de ocho expedientes, entre ellos a su secretario general, su secretario de Comunicación y el de Jurídico”. Añadiendo que “en esta provincia resulta además especialmente grave la persecución que sufren los guardias civiles afiliados a AUGCC en cuarteles como Arcos de la Frontera o Ubrique, en la Sierra de Cádiz”.
 
También citan el caso de Salamanca, “donde una representante de AUGC se enfrenta a una posible condena por insubordinación al haber optado en un control por vestir su propio chaleco antibalas, frente al oficial, no adaptado para mujeres y que le impedía el acceso a su arma”. En la delegación de esta provincia también está expedientado su secretario Jurídico en más de seis ocasiones.
 
La de Badajoz es otra comandancia en la que, según esta asociación “los guardias civiles que representan a AUGC sufren una persecución sistemática, con nada menos que quince expedientes abiertos, entre ellos dos al secretario general provincial, otros tantos al de Organización y cuatro al de Jurídico”.
 
Asimismo, denuncian que “Huelva existe una situación de represión continuada” e informan que “en esta comandancia se ha abierto un expediente contra el secretario general de la delegación de AUGC en dicha provincia, además de otros dos contra el secretario Jurídico, en total 3 expedientes”.
 
Por último, añaden a la lista los expedientes disciplinarios abiertos en Valencia 2, Algeciras 2, Burgos 8, Cantabria 4, Córdoba 5, Cuenca 1, Granada 1, León 1, Melilla 1, Murcia 1, Zaragoza 1, haciendo notar que todos estos expedientes se derivan de su el derecho de representación mediante Asociación Profesional, pues sin esta relación expresa se encuentran expedientados un número aún mayor de representantes.
 
"Los Guardias Civiles como ciudadanos”
 
La AUGC hace esta denuncia después de organizar la Jornada “Los Guardias Civiles como ciudadanos”, que tuvo lugar el lunes en Universidad Europea de Madrid, un acto donde se analizaron derechos a la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación, el derecho de sindicación y la aplicación del nuevo Código Penal Militar a los miembros del Cuerpo.
 
Inauguró las jornadas el secretario general de AUGC, Alberto Moya, quien recordó que hacía justamente un año que se produjo una manifestación que recorrió las calles adyacentes a los órganos centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, en la que participaron más de 15.000 guardias civiles, para exigir sus derechos fundamentales y profesionales.
 
Dicho colectivo informa igualmente que en la jornada Francisco Javier de León, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, abordó la aplicación del Código Penal Militar aprobado en el año 2015, señalando que la actual redacción ha vuelto a hacer aplicable los cinco títulos de dicha norma penal militar, a los guardias civiles, es decir, que si antes era excepcional procesar a un miembro de la Guardia Civil por un delito militar, hoy es lo general, incluso en el ejercicio de sus funciones policiales, y también en su ámbito privado. Señalando que “De León fue muy crítico con esta norma e incluso aventuró como hipótesis la necesidad de que el legislador comience a plantearse la supresión de la jurisdicción militar para que se convierta en una mera especialización de la jurisdicción ordinaria”.

Este colectivo da cuenta de también de la intervención de “Fernando Pignatelli Meca, magistrado del Tribunal Supremo, que expuso el estado jurisprudencial de los derechos fundamentales de libre expresión y de reunión, advirtiendo que en las democracias consolidadas, no se pueden establecer límites desmesurados a los mismos, ni siquiera a los miembros de cuerpos militares. Sin embargo, las últimas reformas del Régimen Disciplinario de las FAS – aplicables también a los guardias civiles – y de la Ley Orgánica del derecho de reunión, restringen enormemente estos derechos, y que así lo ha expresado en votos particulares que ha emitido en diversas sentencias, aunque también reconoció que no es la opinión mayoritaria de la sala V del Tribunal Supremo. Y es que Pignatelli expuso que no se puede prohibir, ni la crítica fundada de representantes asociativos hacia el mal funcionamiento de los instituciones, ni se puede prohibir una manifestación de guardias civiles por el hecho de que sea reivindicativa, porque si el conflicto es connatural a la naturaleza humana, razón de más que lo sea también a organizaciones como la Guardia Civil, que están formadas por miles de hombres y mujeres”.

La tercera intervención fue expuesta por Mariano Casado Sierra, asesor jurídico nacional de AUGC, “quien –siempre según dicha asociación de guardias civiles- repasó los problemas que está conllevando el desarrollo del derecho de asociación profesional en la Guardia Civil, para concluir que es necesario caminar hacia el derecho de sindicación, pues parece la única posibilidad real de que se garanticen los derechos de los guardias civiles y que se establezcan unas condiciones dignas de vida y trabajo”.

Finalizó la jornada con una mesa redonda, donde intervinieron los diputados de la Comisión de Interior del Congreso, José Alberto Martín-Toledano Suárez (Partido Popular), David Serrada Pariente (PSOE), Ricardo Sixto Iglesias (Unidos Podemos) y Luis Miguel Salvador García (Ciudadanos).

La AUGC considera que el debate “reflejó el interés de los cuatro partidos mayoritarios en mejorar el régimen de derechos y las condiciones sociolaborales de los guardias civiles”, señalando que la “necesidad de revisión del CPM, avance en las competencias de las asociaciones profesionales, equiparación salarial progresiva e incluso la pertinencia de la reorganización de las 2300 unidades, y en suma modernización de la Guardia Civil, fueron denominadores comunes de todos los portavoces políticos; así como la obligación de llegar a acuerdos en esta materia, dada la actual configuración del Parlamento”.

Finalmente, la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil destaca también la intervención del portavoz de la Comisión de Defensa del grupo de Ciudadanos, Javier Cano, quien denunció la precaria situación a la que se han visto abocadas cuatro familias de guardias civiles de Cádiz, por declarar estos como testigos, en un juicio, con el apoyo expreso a la Plataforma “No Más Silencio”, y el alarmante número de suicidios en la Guardia Civil, sacado a la luz, en el libro “¿Todo por la patria?”.
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