El Ministerio Público también reclama que se inhabilite durante nueve años a Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer el mandato del Tribunal Constitucional. La Fiscalía de Cataluña ha pedido 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman 9 años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación-.
La Fiscalía les acusa de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta de haber intentado aparentar que habían dejado la organización del 9N en manos de los voluntarios, ya que el TC anuló, en febrero de 2015, la consulta y la ley aprobada para su convocatoria, al considerar según su resolución que se trataba de un referéndum de los reservados en la Constitución para el Estado.
Ademas, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, han decidido no acusar a los procesados de malversación de fondos público por lo que no reclaman penas de prisión, siguiendo los criterios expresados por el Ministerio Público el pasado mes de que rechazó acusar al expresidente de Cataluña de malversación al considerar que los gastos de la Generalitat para el proceso se acordaron antes del 9 de noviembre de 2014.
Precisamente, la decisión de Sánchez será la gran referencia que tendrán los inversores la próxima semana, algo que se conjugará con la publicación de…
