Podemos propone movilizar una inversión público-privada anual equivalente a un 1,5 % del PIB durante los próximos 20 años en un plan que crearía 400.000 empleos. Podemos quiere reducir la dependencia del petróleo. Para ello, según defendió este lunes Pablo Iglesias en el único debate a cuatro de la campaña al 26-J, la formación morada propone un Plan Nacional de Transición Energética, que además sirva para crear hasta 400.000 empleos “estables”. Un plan con el que dar solución a problemas como la dependencia energética exterior, acabar con el freno a las renovables, así como con el actual “sistema oligopólico” y la pobreza energética.
“¿Cómo realizar una política fiscal expansiva, impulsar la creación de empleo y generar una dinámica de crecimiento económico, garantizando simultáneamente la sostenibilidad medioambiental?”. Tras esta pregunta Podemos defiende en su programa electoral la necesidad de un Plan Nacional de Transición Energética que movilice una inversión público privada anual “en eficiencia energética y energías renovables” equivalente a un 1,5 % del PIB durante las próximas dos décadas de veinte años que crearía hasta 400.000 empleos “estables en la fase final”.
Este plan cuenta con dos pilares. Por un lado, un Plan Nacional de Ahorro Energético orientado a la mejora de la eficiencia energética en los edificios, así como en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. “La columna vertebral de este plan es la rehabilitación de 200.000 viviendas al año para abordar el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo”, señala los de Iglesias en su programa.
Estas reformas traerían consigo un ahorro de hasta el 80% de la demanda de energía de las viviendas rehabilitadas y apuesta porque “una fracción relevante” de las personas que perdieron su empleo en la construcción se dedicarán a esta labor de rehabilitación energética de edificios.
El otro de los ejes es un Plan Nacional de Energías Renovables centrado en la “expansión e instalación de energías renovables tales como la solar, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión”. Este plan incluye, según la propuesta de la formación morada, “toda la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación y estará particularmente orientado a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles en generación eléctrica, creando además un tejido industrial propio de alto valor añadido”.
El Plan Nacional de Transición Energética supondría una inversión anual equivalente al 1,5% del PIB, que se dividiría en 1% para la propuesta relativa a la energías renovables y el 0,5% al del ahorro energético. “Un programa de estas características exigiría para ser viable un apoyo público que alcanzase aproximadamente un 25% de la inversión total acometida”, por lo Podemos calcula una inversión pública de unos 4.000 millones de euros al año.
Una parte “relevante” de la financiación de este plan de transición vendría de la reforma del sector eléctrico. En concreto, de la eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos.
Precisamente sobre el sector eléctrico el partido que encabeza Pablo Iglesias plantea una reforma en profundidad con una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y de la deuda asociada al déficit de tarifa; la modificación del marco regulatorio de modo que “todas las fuentes de energía reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción”; y situar las energías renovables “en el lugar central de la planificación” del sistema eléctrico. De esta manera, no se renovarían los permisos de explotación de las centrales nucleares en funcionamiento en España, de modo que la última central nuclear dejará de funcionar en 2024 y se cerrarían, de manera progresiva, las centrales de carbón.
Asimismo, Podemos derogaría el Real Decreto 900/2015 sobre autoconsumo eléctrico y promovería la recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.
La garantía de acceso a un suministro energético mínimo es otra de las iniciativas que se incluyen en este plan junto a la prohibición del fracking y la creación de una fiscalidad verde que “desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética”.
