El PP critica que “se le exija garantizar por entero las posibles responsabilidades cuando no se conoce si los directamente afectados son insolventes”. La dirección nacional del PP no entiende los motivos por los que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado un plazo de diez días al partido para depositar una fianza civil de 1,2 millones de euros y evitar el embargo el caso de la ‘caja b’, tal y como ha adelantado SER. Tal es así que Génova ha emitido un comunicado en el que critica esta situación. Y eso que la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ya había dado explicaciones públicas al respecto.
“En cuanto a la responsabilidad de los posibles autores, el PP manifiesta su extrañeza por el hecho de que se le exija garantizar por entero las posibles responsabilidades cuando no se conoce si los directamente afectados por este auto, son insolventes para responder a las mismas”, en alusión, entre otros, a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Previamente, el partido de Mariano Rajoy recuerda que este procedimiento “se inició en su día y ha continuado hasta la fecha sobre la base de las acusaciones formuladas por determinadas formaciones políticas contra el PP, construidas exclusivamente sobre la confianza absoluta de esas acusaciones en las afirmaciones realizadas por una persona como Luis Bárcenas en unos supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona”. “Hay que recordar”, continúa el comunicado, “que obran en las actuaciones informes que desmienten absolutamente la veracidad, solvencia y consistencia de esos apuntes”.
Asimismo, Génova señala que la formación conservadora aparece en esta pieza “exclusivamente como posible responsable civil subsidiario de posibles delitos fiscales cometidos por otras personas, lo cual significa, por un lado, que no es el partido el que está acusado, y por otro, que sólo responderá si existe delito y si los autores del mismo carecen de bienes suficientes”.
“En cuanto a la existencia de delito”, explica la dirección nacional de los populares, “debe recordarse que ni el Ministerio Fiscal ni la Hacienda Pública entendieron que existiera delito en relación con los hechos de los que se pretende hacer responder subsidiariamente al partido. Por lo demás, el asunto se encuentra pendiente de celebración de juicio ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por lo que los hechos no han sido todavía enjuiciados”.
Para terminar el Partido Popular anuncia que ejercitará “todas las acciones a su alcance para defenderse de las infundadas acusaciones formuladas, tanto en el juicio oral como en la fase previa al mismo, al objeto de esclarecer por completo su falta de responsabilidad de cualquier tipo en los hechos que se enjuician”.
