El TC ha señalado que esto choca con la normativa estatal e invade sus competencias. El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado los artículos del Código de Consumo catalán del año 2013 que prohíben a las compañías cortar el suministro de gas y electricidad en caso de impago de facturas por parte de las familias sin recursos. En la sentencia se explica que esto choca con la normativa estatal e invade las competencias del Gobierno central.
El Alto Tribunal ha explicado que el Estado ya ha optado por un modelo de protección a los ciudadanos. Este se basa en que las arcas públicas asumen la deuda, es decir, el Gobierno financia parcialmente el precio del suministro.
El Estado ha optado «por la protección del consumidor vulnerable mediante un sistema de bonificación a través de la financiación de parte del precio del suministro de la electricidad y del gas y no mediante el establecimiento de prohibiciones de desconexión del suministro respecto a dichos clientes en períodos críticos, o en otros», dice el TC.
No obstante, esta decisión del Constitucional no anula la ley contra la pobreza energética y la emergencia habitacional aprobada en el mes julio, que establece que la Administración deberá cerrar un convenio con las empresas “para garantizar que se conceden ayudas a fondo perdido” a los afectados. Es decir, que impide los cortes por parte de las empresas de luz y gas.
Precisamente esta es una de las medidas estrella del Ejecutivo municipal de Ada Colau, que, precisamente, esta misma semana amenazaba a las eléctricas con multas de hasta 10.000 euros si cortaban el suministro a los vecinos con problemas económicos.
«No hemos podido avanzar en materia de corresponsabilización para evitar los cortes, más allá del bono social, que es insuficiente. Endesa y Gas Natural no han querido avanzar y desde nuestro punto de vista es un incumplimiento claro de la ley», aseguraba esta semana Colau, criticando los nulos esfuerzos de las eléctricas por evitar la pobreza energética.
