La decisión llega después de que Pedro Morenés, Ana Pastor y Jorge Fernández Díaz rechazasen dar explicaciones en tres comisiones reclamadas por los diputados. Con 218 a favor, 113 en contra y cuatro abstenciones, el Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso de atribuciones contra el Gobierno de Mariano Rajoy por negarse a someterse al control parlamentario,
Una iniciativa que han presentado al Congreso todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, tras ver las negativas del Ejecutivo en funciones, por medio de tres ministros, a no acudir a comparecencias que distintas comisiones habían convocado. Desde las filas populares han argumentado que no tienen la obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no le dio su confianza.
El primer plantón llegó el pasado 17 de marzo cuando el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se negó a comparecer ante la Comisión de Defensa de la Cámara baja para informar sobre la reunión de ministros de la OTAN que se celebraron los días 10 y 11 donde se acordó a la nueva operación naval en el Egeo contra las mafias que trafican con refugiados.
La segunda negación llegó esta misma semana cuando la ministra de Fomento, Ana Pastor, comunicó que no acudiría a la comisión encargada de conocer los problemas de las cercanías en Cataluña. Un testigo que ha recogido este mismo miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que también se ha negado a explicar “las actuaciones que se han llevado a cabo” desde su departamento “para obstruir la investigación sobre quién y cómo se pagó el ático de lujo de Ignacio González”. Así como, para “dar cuenta de sus declaraciones vinculando las conversaciones para la formación de Gobierno en España con los intereses de una banda terrorista”.
Por todo ello, el Congreso ha ratificado la indignación de los diputados y llevará al Ejecutivo ante el Constitucional. No obstante, y antes de que el conflicto de atribuciones llegue formalmente al tribunal, el Gobierno en funciones tiene un mes para responder el requerimiento del Congreso y revocar su decisión de no someterse al control de la Cámara.
