La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a Cáritas y Cruz Roja- pone deberes a los políticos antes de las elecciones. El acceso a Sanidad, la conocida como tasa Robin Hood y ayudas al tercer sector, entre sus reivindicaciones. La Plataforma del Tercer Sector -que agrupa a las principales organizaciones del ámbito social como Cruz Roja, la ONCE y Caritas- pide a los partidos que concurren a las elecciones que España destine a fines sociales los 5.000 millones anuales que se prevé recaudar con el Impuesto a las Transacciones Financieras, bautizado como Tasa Robin Hood.
Esta es una de las iniciativas que propone la plataforma dentro de un decálogo de propuestas electorales de cara a los comicios en el que se reclama también la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 que restringe el acceso universal a la sanidad.
Además, se pide el establecimiento de un marco estatal de apoyos y ayudas al tercer sector (tras la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la reforma de la de Voluntariado) en los dos primeros años de la nueva legislatura; y el reconocimiento e inclusión de las entidades del Tercer Sector en el Comité Económico y Social de España (CES) y Europeo (CESE).
Sin embargo, el punto de partido que consideran más necesario, según desde esta plataforma es una reforma constitucional que “reconozca los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales, reconozca el papel del Tercer Sector y garantice el equilibrio en la atención social” en todas las Comunidades Autónomas, tal y como informa Cáritas en su web.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, dijo durante la presentación del decálogo, que tuvo lugar esta semana, recalco que “las prestaciones sociales tienen que ser equitativas en todas las Comunidades Autónomas”, por lo piden la reforma del Título Octavo de la Constitución para el establecimiento de “competencias de naturaleza compartida” en materia de asistencia social de Estado y Comunidades Autónomas.
Poyato remarcó que su entidad no busca “recentralizar competencias (…) ni definir la articulación política del país”, sino establecer un sistema en que el Estado “pueda compensar los desequilibrios económicos” entre comunidades en la atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. “No queremos quitar competencias a las Comunidades Autónomas”, afirmó, sino que “queremos sumar”.
Así según explicó Elena Rodríguez, directora de la Plataforma, esta reforma permitiría “exigir un mínimo de competencias estatales en materia social que garanticen la solidaridad y el equilibrio territorial”. “Una persona pobre es una persona pobre en cualquier sitio”, afirmó, y “la obligación de atenderla debe ser igual independientemente de donde resida”.
Ley de Rentas Mínimas
En este sentido, la entidad propone el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas ya que, según afirmó Poyato “hay muchas diferencias entre Comunidades Autónomas en lo que refiere al ingreso mínimo de inserción” y creemos que “se debe equilibrar las rentas mínimas de este país independientemente de donde se nazca o resida”.
La reforma constitucional que propone la Plataforma incluye, como punto de partida, la conversión de los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales. Este grupo de derechos, derivados de la legislación internacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y normativas específicas de la Organización Internacional del Trabajo o de la UNESCO), incluye el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, o al trabajo. Aunque algunos de ellos (derecho a la educación, al trabajo o a la libertad de enseñanza y cátedra) están reconocidos en la Constitución Española, el grupo completo no está incluidos de manera expresa (y por tanto en su totalidad) entre los derechos fundamentales.
Es por ello que, según explicó el presidente de la Plataforma, el reconocimiento de los “derechos sociales, culturales y económicos como fundamentales”, para “que el respaldo constitucional los convierta en subjetivos, vinculantes y exigibles”, y que “las cuestiones relacionadas a legislar tengan una argumentación de suficiente peso».
La propuesta de reforma incluye además el reconocimiento expreso del papel de la sociedad civil organizada, a través del Tercer Sector, como “interlocutor necesario” que garantice el “diálogo” para “tener un papel de complementariedad” en el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Pacto contra la pobreza
Además, reclaman crear un es necesaria la creación de “un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza”, que comprometa una partida económica “de nuevo cuño”, de “mil millones de euros anuales”, después de destacar que “en España existen actualmente 13.600.000 personas en riesgo de exclusión social, lo que supone el 29% de la población” y subrayar que “de ellas, más de tres millones se encuentran en pobreza y exclusión severa.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector explicó que “en situaciones de extrema urgencia hay que tomar medidas extraordinarias y recoró que todavía se está “a tiempo” para destinar una parte de los fondos europeos a la “inversión” en la exclusión, pues aparte del fomento de obras públicas e infraestructuras, esos fondos permiten «que haya un porcentaje» destinado a los más vulnerables.
En esta línea, la Plataforma propone además la suscripción de un Pacto contra la Pobreza para reducir en un 15% el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión y un 25% de la tasa de pobreza infantil y la adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral, orientado al “fomento de la empleabilidad de todas las clases sociales”, ya que habitualmente “los planes de empleo suelen fracasar en lo que respecta a las personas en riesgo exclusión”.
Poyato subrayó que, “la producción y la creación de empleo no es sinónimo de la salida de la exclusión y la pobreza”, sino que “depende de las políticas que se adopten”, por lo que “si no se desarrollan políticas en materia de acceso a la educación, de garantía de rentas mínimas, o si no hay plan de empleabilidad dirigido a las clases excluidas”, seguiremos “generando más excluidos que se quedan fuera del sistema educativo y laboral”.
La Plataforma del Tercer Sector en España se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.
Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
Según explican en su web, la plataforma representa en torno a 29.000 entidades en todo el país, de carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro, en las que trabajan más de 500.000 personas remuneradas, el 2,5% del empleo nacional y a cerca de 900.000 voluntarios, que prestan servicios de apoyo directo a más de 5.000.000 de personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
