Habrá una reorientación de la política municipal de vivienda para incrementar el parque público en alquiler y eliminar la venta y arrendamiento con opción a compra. En palabras de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, el consistorio madrileño quiere recuperar el “carácter social” de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Para ello, ha propuesto un paquete de medidas que comienza destinando 70 viviendas a familias monoparentales y víctimas de desahucios judiciales, y otras 40 viviendas a personas refugiadas cuya llegada está prevista a la capital.
También ha anunciado un proyecto intergeneracional en las colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles, donde puedan convivir mayores y jóvenes.
Por otro lado, el equipo de Ahora Madrid ha anunciado que la EMVS elimina la venta de viviendas para dedicarse por completo al alquiler social. También pone en marcha una reducción en el precio de los alquileres de las viviendas municipales para que no superen el 30% de los ingresos de los inquilinos. La EMVS sacará este último trimestre 612 viviendas de alquiler general, y 194 para jóvenes a un precio reducido de 150 euros
Además se eleva el techo temporal del arrendamiento pasando del año inicial con posibilidad de prórroga a tres a otra situación en la que se va a tres años iniciales, prorrogables sucesivamente por periodos de dos siempre que se mantengan las condiciones socioeconómicas que dieron derecho al alquiler de la vivienda.
Según la responsable del área, el Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena pretende poner en marcha un nuevo programa de atneción prioritaria “en permanente adecuación de las viviendas disponibles en función de la demanda”, y que asegure la atención a las urgencias o casos de extrema vulnerabilidad.
Por otro lado, ha puntualizado que el número de viviendas cedidas por los bancos no es un número cerrado, sino que se trata de un acuerdo en el que las entidades se comprometieron a “ayudar a esta corporación para que nadie duerma en la calle. El compromiso de que tendremos las viviendas que necesitamos”. Higueras defiende que estas actuaciones van en la línea de ayudar a los afectados por este problema hasta que “la vivienda sea un derecho exigible en los tribunales, que hoy no es”.
