La investigación a Convergencia, a las puertas de los comicios catalanes, vuelve a marcar una cita electoral. El registro de la Guardia Civil en la sede Convergencia (CDC) durante una investigación sobre presuntos cobros de comisiones cuando queda menos de un mes de las elecciones catalanas demuestra que la corrupción sigue marcando la vida política y las citas de los españoles con las urnas, escándalos que tienen sus puntos más en las comunidades de Baleares, Valencia, Madrid, Cataluña y Andalucía.
Los casos son tan numerosos Gürtel, Púnica, Bárcenas, ERE; Pujol, Palma Arena, Brugal, Palau, ITV, Can Domenge, Scala, Maquillaje, Bitel… que estar al día del quién es quién en estas causas con diversas piezas separadas es prácticamente imposible, aunque parece evidente que el partido más acorralado por este goteo de corruptelas es el PP que tiene varios ex altos cargos en la cárcel o que ha pasado un tiempo en prisión.
Encarcelado continúa, por ejemplo, Francisco Granados, todo un exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP de Madrid, que ingresó hace diez meses en la prisión de Estremera.
También sigue ‘entre rejas, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra, que ingresó en la prisión de Aranjuez en noviembre de 2014 para cumplir una pena de cuatro años por fraude fiscal.
Otro que pasó ocho meses por la cárcel y que no se descarta que vuelva por tener varias causas abiertas es Jaume Matas, es el expresidente balear y exministro de José María Aznar.
Más recientemente, el pasado mes de junio el ex conceller de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana Rafael Blasco ingresaba en el centro penitenciario de Picasen (Valencia) para cumplir una sentencia de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional.
El ex diputado autonómico y ex portavoz parlamentario del PP fue condenado por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad por el caso Cooperación, y tiene pendientes otras dos causas por el supuesto desvío de otras partidas destinadas también a iniciativas solidarias.
Unos días antes, a finales de mayo, el exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, fue detenido en el marco de una investigación sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando castellano era conceller de Gobernación, y actualmente se encuentra en libertad con cargos.
La ‘Operación Púnica’ -que investiga una trama de corrupción municipal autonómica que habría adjudicado contratos públicos a cambio de comisiones- también llevó a la cárcel, además de Granados, al presidente de Diputación de León, Marcos Martínez, que abandonó el centro penitenciario solo un mes y medio después y tras abonar una fianza de 30.000 euros.
Pero no solo políticos ‘populares’ han ingresado en prisión por corruptelas. La ex presidenta del Consell de Mallorca y de UM, María Antònia Munar lleva encarcelada desde el verano de 2013 y aún tiene causas pendientes. Aunque Munar no ha estado sola en su ‘estancia’ en la cárcel de Palma, ya que allí coincidió con cinco de sus correligionarios, el más destacado Miquel Nadal, es presidente del partido y es consejero de Turismo.
Las causas de Rodrigo Rato
Sin embargo, ha sido la ‘caída en desgracia de Rodrigo Rato, el caso más mediático y el que más daño ha hecho al PP, que había convertido al exvicepresidente del Gobierno en símbolo del ‘milagro económico’ que atribuyen en el partido al Ejecutivo de José María Aznar.
Por ello, no es de extrañar la conmoción que provocó en el partido de Mariano Rajoy el hecho de que el pasado mes de abril el exdirector del FMI y expresidente de Bankia fuera detenido en su domicilio y puesto en libertad
Rato tiene abiertas dos causas contra él en la Audiencia Nacional: el caso Bankia (por la gestión de esta entidad cuando fue presidente); y las tarjetas black, un sistema de tarjetas de crédito opacas que permitió a 83 consejeros de Bankia y Caja Madrid cargar 15,5 millones de euros en gastos personales a las cuentas de la entidad financiera.
Las sospechas sobre la gestión de Rato al frente de la entidad financiera madrileña se han agravado este verano al salir a la luz un informe de la Agencia Tributaria que investiga el supuesto blanqueo de capitales del exexpresidente de Bankia, al que acusa de haber cobrado dos millones de euros en comisiones a dos agencias de publicidad.
El PSOE y los ERE
En Andalucía, es el PSOE el que está ‘tocado’ por el caso de los ERE en el que se investiga la inclusión de falsos prejubilados en los Expedientes de Regulación de Empleo de empresas beneficiadas con un fondo de la Junta, un presunto fraude de la Consejería de Empleo que ha provocado que dos pesos pesados socialistas como Manuel Chaves y José Antonio Griñán (expresidentes del partido y del Gobierno andaluz) pusieran fin a su carrera política tras su imputación por el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación.
En Cataluña, es Convergencia la formación que está salpicada por las graves sospechas que recaen sobre el origen de la fortuna la familia del fundador de CDC, que tiene abiertas distintas causas por delitos fiscales, de cohecho o de blanqueo de capitales. El revuelo por la investigación de los negocios de tres de los hijos de Jordi Pujol (Jordi, Oleguer y Oriol) por el ‘saqueo del Palau de la Música o el caso de las ITV se convirtió en conmoción, hace ahora un año, cuando el que fuera presidente de la Generalitat durante 23 años, y hombre clave en la Transición reconoció -en un comunicado- que había ocultado durante 34 años a la Hacienda Pública su fortuna en el extranjero.
