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Cáritas continúa su movilización contra la Ley Mordaza

Instalaciones de Cáritas
Instalaciones de Cáritas
La organización de la Iglesia reclama a la Defensora del Pueblo que recurra la norma ante el Constitucional.
Cáritas y otras ONG como Amnistía Internacional, o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), continúan sus movilizaciones contra la Ley de Seguridad Ciudadana, una lucha que en esta ocasión les ha llevado ante el Defensor del Pueblo.

Cáritas informa en su web que un gran número de entidades sociales y plataformas ciudadanas, entre las que se incluye, han solicitado formalmente a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interponga un recurso de constitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana por considerar que "la norma supone un retroceso en el reconocimiento y acceso a los Derechos amparados tanto por nuestra Carta Magna como por diversas normas internacionales de Derechos Humanos suscrita por España" .

Explica desde Cáritas que presentaron ayer a Becerril un documento en el que se hacen constar las principales preocupaciones que ha suscitado a estas ONG, que trabajan con los más desfavorecidos y con colectivos de inmigrantes, la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada el pasado 26 de marzo, con relación al ejercicio y protección de determinados Derechos Humanos contenidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales suscritos por España.

En el citado documento, se cuestiona la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la misma, relativos, entre otros, a los registros corporales externos, a la libertad de información y de expresión y a los rechazos en frontera.

Recordando que "esstos últimos han sido introducidos por el Ejecutivo mediante una Disposición Adicional con la pretensión de legalizar una práctica que, en opinión de las organizaciones sociales, es ilegal, contraria al derecho internacional –en especial en referencia al Derecho de Asilo-- y que merecería ser tachada de inconstitucional".

Desde Cáritas se explica que esa propuesta viene avalada por la activa participación en la misma de numerosos representantes del tercer sector de la acción social, de la sociedad civil y de los movimientos sociales y ciudadanos, y en la que se dan la mano organizaciones tan diversas como Andalucía Acoge, Asociación Apoyo, Asociación Solcom, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Coordinadora de Barrios, Greenpeace, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Rights International Spain, Servicio Jesuita a Migrantes o la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. Cabe destacar, también, el apoyo brindado a esta iniciativa por Amnistía Internacional, la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y la Plataforma No Somos Delito.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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