El Ministerio Público solicita además que se incremente el aval requerido al partido de Jordi Pujol para igualar los fondos que podría haber percibido de manera ilegal. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye el ‘caso Palau’ que decrete el embargo de las 15 sedes que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aportó como aval para evitar el de su central. La medida se tomaría como seguro para recuperar parte del dinero público que el partido de Jordi Pujol habría desviado hacia sus cuentas.
Las sedes y locales que CDC aportó al juzgado están ubicadas en Amposta, Casteldefels, Figueras, Granollers, Hospitalet, Capellades, Lérida, Mataró, Mora de Ebro, Reus, San Baudilio de Llobregat, Tarragona, Tortosa, San Feliú y el barrio de Gracia de Barcelona. Sin embargo, las exigencias de la Fiscalía no quedan ahí, sino que reclaman un mayor aval de parte del partido catalán para hacer frente a su presunta responsabilidad civil.
En este sentido, el Ministerio Público señala que las pesquisas judiciales parecen haber determinado el lucro por hasta 6,6 millones de euros de CDC, mientras que los inmuebles aportados apenas alcanzan una valoración de 3,2 millones de euros. El partido se habría embolsado de forma ilegal este montante mediante el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública a través de los exresponsables del Palau de la Música.
Fuentes próximas al partido creado en torno a la figura de Jordi Pujol y que actualmente dirige el presidente regional Artur Mas han explicado a agencias que piensan oponerse a las solicitudes de la Fiscalía. En este sentido, acusan al órgano judicial de “buscar un titular” en plena precampaña en muchas regiones de España y a las puertas de que comience el mismo proceso en Cataluña, donde está prevista la celebración adelantada de comicios para el mes de septiembre.
