La Federación de Mujeres exige recuperar los órganos de participación que suprimió Aguirre

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La Federación de Mujeres exige recuperar los órganos de participación que suprimió Aguirre

Esperanza Aguirre, candidata del PP a la alcaldía de Madrid

La FAMCM pide a los candidatos que restituyan el Consejo de la Mujer y el Consejo Asesor del Observatorio de Violencia de Género que desaparecieron en 2011. La Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM) ha elaborado un documento con las reivindicaciones que plantean a las plataformas electorales y partidos políticos ante las elecciones mayo 2015 y entre esas exigencias figura que se restituyan dos organismo que suprimió en enero de 2011, “con la excusa de la crisis”, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre: el Consejo de la Mujer y el Consejo Asesor del Observatorio de Violencia de Género.

Dicha federación exige a los candidatos “el restablecimiento de los derechos de participación ciudadana de las mujeres con la restitución de los órganos consultivos y de representación ciudadana extinguidos, como es el Consejo de la mujer de la Comunidad de Madrid, órgano que sí mantienen el resto de Comunidades, y el Consejo asesor del Observatorio regional de violencia de género, ambos extinguidos con la excusa de la crisis”, así como también el compromiso con el fomento del asociacionismo de las mujeres”.

Además, y como primer punto de sus exigencias, la federación pide “la aprobación de una Ley regional de políticas de igualdad”, junto a “la elaboración de Plan regional contra las violencias hacia las mujeres conforme al Convenio de Estambul, que centralice todos los recursos y ofrezca medidas integrales a las mujeres victimas de los diferentes tipos de violencias, y para la promoción de la igualdad de género en la diversidad, que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, y los diferentes colectivos de mujeres de la Comunidad de Madrid”.

La institucionalización de un proceso facilitador para el acceso gratuito a la Justicia en la Comunidad de Madrid y medidas de protección para todas las mujeres que denuncian violencias, así como un aumento progresivo de Centros residenciales en la Comunidad de Madrid y del número de plazas para mujeres victimas de violencias, y para mujeres en situación de exclusión social, y sus hijos/as. También facilidades minimizando requisitos en ambas situaciones, para el acceso a la vivienda vía protección oficial tanto para la adquisición como para el alquiler.

Aborto y reproducción asistida

Igualmente, estos colectivos de mujeres requieren “un programa de educación afectivo-sexual en la Comunidad de Madrid, y de atención a la salud sexual y reproductiva que facilite el desarrollo de una sexualidad libre basada en el respeto y la igualdad de trato, acompañado de una regulación de la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión, que no interfiera en el acceso al servicio público sanitario de manera que no se vulnere el derecho a decidir de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Igualmente, exigen el derecho de todas las mujeres con o sin pareja masculina, al acceso del uso de las técnicas de reproducción humana asistida en los hospitales públicos de la región.En materia de educación, piden a los candidatos que se comprometan con el “aumento de partida presupuestaria para becas de escolarización infantil, primaria, especial, y demás cobertura de los servicios educativos, de manera que no suponga una carga para las familias, si no una ayuda a la manutención y educación de los hijos”.

Igualmente, solicitan un incremento “en la partida presupuestaria para aumento de las plazas en centros residenciales y no residenciales de atención a las personas dependientes”.

Abogan, además, por “la implantación territorial de un Plan Emplea Mujer que promueva el acceso al empleo en condiciones de igualdad de género, integrando conjuntamente políticas sociales y de igualdad, y conciliación con corresponsabilidad, además del apoyo al emprendimiento”.

Finalmente, apuestan por “el reconocimiento del derecho subjetivo a una renta básica ciudadana en la Comunidad de Madrid que sustituya a la renta mínima de inserción, para las personas sin empleo en riesgo de exclusión social”.

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