Los detractores del polémico proyecto exigen la suspensión cautelar del Decreto Ley que aprobó el Gobierno para compensar a la empresa de Florentino Pérez. El hecho de que el Parlamento Europeo haya pedido a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que se bloquee la indemnización de 1.300 millones que el Gobierno español ha pagado por la paralización del Castor ha dado ‘alas’ a los detractores del polémico almacén de gas que anuncian una nueva denuncia en Bruselas y exigen la suspensión cautelar del Decreto Ley que aprobó el Gobierno para abonar la compensación a ACS.
Y es las distintas organizaciones sociales que se están movilizando contra la indemnización al Castor -entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Observatorio de la Deuda en la Globalización, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia entre otras organizaciones- consideran que la resolución aprobada por la Eurocámara por mayoría (350 votos a favor) obliga a tomar medidas.
Creen que “debe abordarse la cuestión del pago de la indemnización, que pagaría la ciudadanía a través de la factura del gas, de la deuda y del desmantelamiento de las instalaciones del almacén de gas” y estiman que “también es prioritario revisar el mecanismo financiero europeo que posibilitó el proyecto y que sigue vigente”.
Desde la Plataforma del Sénia anuncian que presentarán próximamente una denuncia ante la Comisión Europea y un petición ante el Parlamento Europeo, pero sus reivindicaciones no acaban ahí, ya que lso citados colectivos exigen, además, la suspensión cautelar del Decreto Ley que establece la indemnización por la paralización del Castor, una indemnización que califican de “subvención encubierta”.
Una suspensión que reclaman mientras no se resuelvan los distintos procesos judiciales y administrativos del caso, y se depuren las responsabilidades penales y políticas. Recordando que los procesos judiciales a nivel estatal se prevén lentos, tanto la causa en el juzgado 4 de Vinarós por delitos medioambientales, como los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Catalunya y por el PSOE.
Estas organizaciones insisten en su denuncia de que «la deuda de 1.350 millones de euros generada a través de la indemnización que el Real Decreto Ley 13/2014 aseguró a ACS el pasado octubre, será abonada a través de la factura del gas durante 30 años, pero puede llegar a convertirse en un monto de más de 4.000 millones, a los que hay que sumar otros costes millonarios de mantenimiento y operación que Enagas, la nueva encargada de la infraestructura, cobrará también a través de dicha factura».
Recalcan igualmente que “ni el Gobierno ni el ministerio de Industria han informado sobre cómo se concretará ese pago a través de la factura del gas a partir de 2016”, haciendo hincapié en que “incluso los informes sobre el riesgo sísmico que el Gobierno ha encargado a institutos internacionales siguen sin presentarse, retardando esta decisión incluso a la próxima legislatura”.
