El proyecto finalmente aprobado por el Gobierno abandona uno de sus puntos más polémicos: ceder la gestión de los datos de los pacientes a una empresa privada externa. Cataluña ha dado un paso más en su proyecto para hacer caja con los datos sanitarios de los pacientes que atiende en sus centros públicos. El Gobierno regional ha publicado este miércoles en su boletín oficial (DOGC) el encargo a uno de sus organismos sanitarios de que como “primera fase” comience a gestionar esta información y a cedérsela gratuitamente a centros acreditados de la comunidad.
El pasado mes de octubre, el Parlamento catalán había exigido al consejero de Sanidad, Boi Ruiz, que paralizara el proceso. Sin embargo, el equipo de Artur Mas sigue en su empeño y de momento permitirá, tal y como se anunció en enero, que estas instituciones usen los datos recabados por la Administración Pública para fines asistenciales, docentes, de investigación, estadísticos y estudios de epidemiología.
Por el momento, se descarta el uso comercial de los mismos, pero el proyecto VISC+, que así es como se llama, prevé la venta de los datos de la sanidad catalana a centros de investigación de cualquier lugar del mundo. El plan original del Gobierno de Mas pasaba por un concurso público para adjudicar a una empresa privada la gestión de esta información, que en cualquier caso se promete anonimizar, es decir, desvincular de la identidad del paciente.
Ahora, el plan descarta la participación de instituciones privadas en la gestión y se lo encarga a la pública Agencia de Calidad y Evaluaciones Sanitarias de Cataluña (Aquas). En este sentido, desde la Generalitat se ha explicado que el proyecto se financiará “a partir de las transferencias extraordinarias” que la Consejería de Sanidad realiza habitualmente a este organismo.
Mientras que los datos personales podrán facilitarse a terceros siempre y cuando los pacientes den el visto bueno, son muchos los colectivos, partidos e instituciones que han clamado contra el supuesto anonimato que ofrecen el Gobierno catalán. En este sentido, sospechan que la supresión de las coordenadas personales podría revertirse mediante técnicas informáticas de recuperación de datos.
