El objetivo de Podemos y Gestha: que Hacienda se centre en las grandes fortunas y no en el pequeño contribuyente

Fiscalidad

El objetivo de Podemos y Gestha: que Hacienda se centre en las grandes fortunas y no en el pequeño contribuyente

Oficina de la Agencia Tributaria

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda propone, además, al partido de Pablo Iglesias aumentar en 26.000 la plantilla de inspectores para lucha contra el fraude fiscal Podemos y el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han creado un grupo de trabajo para desarrollar medidas que combatan el fraude fiscal y entre las propuestas que Gestha hace al partido de Pablo Iglesias figura el aumentar la plantilla de inspectores, en 26.000 personas, pero también desplazar la inspección desde el pequeño contribuyente, que es el que más se vigila ahora, a las grandes fortunas, multinacionales y grandes grupos empresariales.

El objetivo de esta y otras medidas ideadas por Gestha para combatir la economía sumergida es reducir en al menos 10 puntos de PIB la tasa de evasión fiscal, que ahora se sitúa en un 24,6%, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el secretario general del sindicato, José María Mollinedo

Podemos y los inspectores de Hacienda acordaron esta semana constituir un grupo de trabajo que se reunirá al menos una vez al mes y que tiene como objetivo estudiar y desarrollar propuestas en materia económica y fiscal para trasladarlas después al programa electoral del partido de Pablo Iglesias.

La reforma del sistema tributario y la lucha contra el fraude fiscal serán los primeros asuntos que abordará el citado grupo de trabajo durante su próximo encuentro, previsto para mediados de enero. Según Mollinedo, Podemos acogió con muy buenos ojos el esbozo de propuestas que plantearon los técnicos de Hacienda en su primer encuentro.

La recaudación iría a gasto social

En concreto, Gestha trasladará a Podemos la necesidad aumentar la recaudación fiscal en al menos 47.000 millones de euros al año, que se destinarían a sufragar las políticas del Estado del Bienestar, y conseguir de este modo equiparar el gasto social que hace España al de la media europea.

Según Mollinedo, esa mayor recaudación se obtendría, por un lado, reduciendo la evasión fiscal para conseguir aflorar hasta 38.000 millones al año. Los 10.000 millones de euros restantes se obtendrían mediante una reforma del sistema fiscal para hacerlo más progresivo.

En lo que respecta a la reducción de la tasa de fraude, que según Mollinedo es preciso rebajar en diez puntos (del 24,6% al 14,6%) para equiparar España a los países de su entorno, Gestha propone varias medidas, entre las que figuran la necesidad de aumentar en 26.000 inspectores la plantilla de la Agencia Tributaria de forma gradual.

También propone la necesidad de que el Ministerio de Hacienda realice estudios oficiales de economía sumergida para saber «en qué territorio, en qué sector y con qué impuestos se defrauda»; que el Senado, como cámara de representación territorial, apruebe cada año un objetivo de reducción de la tasa de fraude en al menos 2 puntos (para conseguir rebajar esos 10 puntos en 5 años) al que la Agencia Tributaría deberá someterse; o que las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado establezcan mecanismos de colaboración o de consorcio para compartir información.

Asimismo, Gestha pondrá sobre la mesa la necesidad de desplazar la investigación del pequeño contribuyente, al que se dedican según Mollinedo el 80% de los inspectores, a las grandes fortunas, multinacionales y grandes grupos empresariales, «a los que sólo se dedican el 20% de los inspectores, cuando representan el 72% de la evasión». «Parece un contrasentido que quienes más defrauden tengan una menor presión del control tributario», ha criticado.

«¿Cómo se van a investigar delitos fiscales si las normas internas limitan al 80% de la platilla la posibilidad de investigar delitos fiscales?», se ha preguntado Mollinedo, para reclamar asimismo la necesidad de llevar a cabo una «reforma integral» de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado, para que los cargos directivos y de responsabilidad, que son los encargados de autorizar los casos que se investigan, accedan a sus puestos por concurso y no por libre designación.

El objetivo, según Mollinedo, es «que no se queden las investigaciones en los cajones». «La Agencia no quiere investigar, las normas internas nos están limitando esa posibilidad y los funcionarios sólo podemos investigar aquellos expedientes que nos autorizan», ha criticado, para añadir que «la mitad de la plantilla de inspectores son puestos de confianza libremente designados que pueden ser también libremente cesados”.

Para reformar el sistema fiscal y conseguir recaudar 10.000 millones más al año, Gestha propone modificar algunos impuestos «que no son muy progresivos», como el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas. «Habría que restringir bastante la posibilidad de una bonificación del 100% de la cuota, como la tiene Madrid», ha señalado Mollinedo, para añadir que debido a esa bonificación, en el caso de Madrid se dejan de ingresar al año 330 millones de euros aproximadamente.

También habría que modificar, según el secretario general de Gestha, el impuesto de sucesión, sobre el que «hay bastante disparidad en cuanto a las Comunidades Autónomas», así como implantar el impuesto a las transacciones financieras y aumentar el impuesto a los depósitos bancarios, para que en vez de tributar al 0,02% lo haga entre el 0,2% y el 0,3% como en Andalucía, Extremadura o Canarias. «Eso también supone una recaudación adicional importante», ha apostillado.

Reforzar los castigos a los evasores

Asimismo, Gestha apuesta también como medida para intensificar la lucha contra el fraude fiscal reforzar los castigos. Así, proponen equiparar el delito fiscal (considerado a partir de 120.000 euros) al delito de fraude contra los presupuestos de la Unión Europea y la seguridad social (fijado en 50.000 euros), así como los tipos graves de estos delitos (600.000 euros en el caso del fiscal y 120.000 el de la seguridad social).

En esta misma línea, Mollinedo defiende aumentar los plazos de prescripción administrativa y penal a los diez años. «Vemos diariamente que muchas conductas quedan impunes, sobre todo los que pueden causar más alarma entre los ciudadanos», ha señalado.

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