El juez considera a la ministra de Sanidad se benefició a título lucrativo en los negocios de su exmarido, Jesús Sepúlveda. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha declarado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, como partícipe a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por su exmarido y exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, en el caso Gürtel. En un auto, Ruz considera que la titular de Sanidad se benefició de los hechos delictivos de Sepúlveda y también sostiene que el propio PP obtuvo beneficios de la trama de Francisco Correa.
El juez explica que Mato, como esposa del imputado Sepúlveda en el momento de los hechos, “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar” de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular. Una cuantía que concretará próximamente. Ruz usa el mismo argumento para considerar partícipe a título lucrativo a Gema Matamoros, como esposa del exregidor de Majadahonda y también imputado Guillermo Ortega.
De esta manera, tanto la ministra como Matamoros estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral como responsables civiles de estos supuestos delitos, según El País, y tendrán que designar, por tanto, abogado y procurador.
Junto a esto, el juez entiende que existen indicios suficientes en la investigación del Gürtel de que el PP se benefició de los manejos corruptos de una trama empresarial que hacía regalos a cargos públicos del partido a cambio de adjudicación de contratos previo amaño de los mismos. Entre los supuestos regalos, estaba la organización de actos electorales del PP.
En el auto, que consta de más de 200 páginas, Ruz detalla el funcionamiento de la red de Correa y Pablo Crespo, que lideraron “un entramado societario con la participación entre otros de tres ex tesoreros del partido popular, Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta y Angel Sanchís, los ex alcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepùlveda, el ex senador Jesús Merino, el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero de la CAM Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios, etcétera”.
Asimismo, y por otro lado, Ruz sobresee la causa abierta contra Ángel Acebes por las obras en la sede del PP.
Correa, de botones turístico a líder de la trama
En las 205 páginas de este auto, el juez contextualiza toda una operativa desarrollada en torno a Francisco Correa y Pablo Crespo y relata cómo el primero comenzó su actividad con 14 años como botones turístico y terminó siendo el máximo responsable de la organización. Ruz destaca que en los años 90 Correa comenzó a “desplegar su actividad laboral a través de sociedades con personas de su máxima confianza que actuaban de administradores y le gestionaban el patrimonio para ocultar la titularidad real de sus bienes”, según recoge el resumen de este auto.
Una red, que se fue “especializando en organizar eventos y campañas electorales del Partido Popular, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el PP para conseguir adjudicaciones públicas”. El entorno de Correa se encargaba, según Ruz, de entregar dádivas en contraprestación a los funcionarios y autoridades que intervenían para favorecerle en la obtención de negocios para sus empresas.
Junto a esto, los imputados tejieron otra en el exterior para ocultar y transformar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública su verdadero patrimonio y el origen del mismo.
Sin publicidad
El juez recoge en el auto las irregulares adjudicaciones de contratos en los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Pozuelo, a cambio de dádivas percibidas en dinero en efectivo o prestación de servicios, como viajes organizados por la agencia de viajes de Correa.
En torno a la Comunidad de Madrid, Ruz cree constatado indiciariamente que distintas entidades y consejerías realizaron contratación pública durante los años investigados “que se apartó de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, llevándose a cabo la tramitación de los diferentes expedientes de contratación con infracción de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” de lo investigado se concluye que al menos 348 actos fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas del grupo Correa.
