“Es por ello que no corresponde al Gobierno solicitar de la Iglesia Católica la adopción de unas u otras medidas internas”, señala el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno ha defendido que la neutralidad que le obliga la aconfesionalidad del Estado le impide exigir a la Conferencia Episcopal que imponga una sanción por sermones ‘franquistas’ como el celebrado durante una misa en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid con motivo del aniversario del 18 de julio.
En aquella celebración, según denunció Izquierda Unida en su momento, el párroco elogió el golpe militar de 1936 destacando que fue “un alzamiento nacional de liberación tras un periodo oscuro de hostilidad católica” en el que reinaba una “ideología diabólica” y se “incendiaban iglesias y símbolos religiosos”. “Cuando las cosas se pusieron peor, surgieron hombres providenciales enviados por Dios que dieron una respuesta a aquella situación”, señaló.
Ante un auditorio en el que estaban presentes varios familiares del dictador, el sacerdote también aseguró que la Iglesia “no debe olvidar a esos valientes” con el fin de que “intercedan nuevamente por España”. Y es que, as su juicio, hay que “estar alerta” porque “España nuevamente está inmersa en una lucha contra principados, autoridades y poderes que dominan el mundo de las tinieblas”. “Nos enfrentamos contra los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Igual que en los años treinta hubo hombres y mujeres valerosas que supieron dar respuesta, nosotros hoy también sepamos dar respuesta”.
Ante este sermón, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, pidió explicaciones al Gobierno por ese homenaje avisando de que no sólo concurre “una infracción administrativa por vulnerar la Ley de Memoria en cuanto que se hace apología del golpe militar y de la violencia desencadenada a continuación, sino que desde el púlpito de los Jerónimos se hizo un llamamiento explícito y expreso a dar respuesta ante el crecimiento de las fuerzas de izquierda”.
Sin embargo, en su respuesta, recogida por la agencia Europa Press, el Gobierno alega que el principio de no confesionalidad del Estado, recogido en la Constitución, “significa tanto su neutralidad respecto de las creencias de los ciudadanos como de separación respecto de las distintas confesiones religiosas”.
A su juicio, ese principio “garantiza la mutua independencia entre el Estado y las confesiones religiosas y veda cualquier confusión entre funciones estatales y religiosas”, lo que implica que “el Gobierno no puede interferir en los asuntos internos de ninguna Iglesia, sin perjuicio de su obligación de garantizar el sometimiento de todos, ciudadanos e instituciones, a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico”.
“Es por ello que no corresponde al Gobierno solicitar de la Iglesia Católica la adopción de unas u otras medidas internas sino, llegado el caso de que existieran indicios de una actuación contraria a las leyes, instar las acciones legales que considere pertinentes en dicho caso”, resume. En ese sentido, señala que “cualquier ciudadano puede estar legitimado para recabar las acciones judiciales que estime oportunas” derivadas de los hechos relatados y recuerda que la propia Izquierda Unida de Madrid anunció la presentación de una querella.
En cuanto a la posible actuación de la Fiscalía General del Estado, se limita a indicar que “el Ministerio Fiscal está sujeto al principio de legalidad en sus actuaciones, correspondiéndole el ejercicio de la acción penal en todos los casos en los que se aprecie la existencia de la comisión de hechos delictivos”.
