CCOO y UGT han entregado una carta a la delegada del Gobierno en Madrid en la que tildan de “intolerable” el aumento de las prácticas sancionadoras contra los sindicalistas. Los secretarios generales de CCOO y UGT en Madrid, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez respectivamente, se han reunido hoy con Cristina Cifuentes para expresarle su preocupación ante el aumento “intolerable” de las prácticas sancionadoras contra los sindicalistas. Los dirigentes de estas organizaciones han pedido a la delegada del Gobierno en Madrid que actúe para que cese esta “persecución” de los poderes públicos y para que se “garantice” el derecho a la huelga de los trabajadores.
Tal y como explican los sindicatos en la carta que han entregado a Cifuentes en el marco de este encuentro, “el ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria”.
A juicio de CCOO y UGT, “la acusación penal que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel a representantes sindicales constituye una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales”, así como “una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga”.
Estas organizaciones se quejan de que “las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables” en los últimos años, por lo que han decidido encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de la situación y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical a seguir.
CCOO y UGT explican a Cifuentes que “la principal tipología de conflictos de los que se derivan las actuaciones sancionadoras están relacionadas con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en 2010 como en 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos administrativos y penales”.
Asimismo, afirman que las sanciones más frecuentes que son objeto de imputación son las de “carácter exclusivamente administrativo” y “no representan en la mayoría de los casos importes relevantes”. Sin embargo, remarcan los sindicatos en la carta, “en el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga”, constatándose que “en algunos casos las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones”.
En total, hay 81 procedimientos abiertos y son 265 los sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos debido a esta deriva sancionadora, por lo que CCOO y UGT han pedido la intervención de Cifuentes “para que los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno de España, respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral” a sus medidas.
Precisamente el pasado miércoles ambos sindicatos protagonizaron sendas protestas en más de 40 ciudades españolas contra la “persecución sindical” bajo el lema ‘No nos van a callar’.
