El recién llegado nuevo presidente de la CNMV ha hecho los deberes que le encargó el ministro Guindos y tiene una completa hoja de ruta para atraer a los prófugos del Brexit. La pelea entre los países todavía miembros de la Unión Europea por hacerse con parte del negocio financiero que huirá de la City de Londres tras el Brexit ha comenzado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha lanzado a por su parte del pastel con un paquete de facilidades que incluyen la interlocución directa en inglés.
El uso de la lengua de Shakespeare por parte del supervisor del mercado de valores español era una vieja reclamación de muchas sociedades de servicios de inversión global. Sin embargo, no ha sido hasta el momento de poder atraer negocio desde Reino Unido que la CNMV no ha dado el paso de aceptar el inglés como lengua corriente para sus papeleos. Y, además, no será para siempre.
La concesión al inglés está bien medida y no tiene otro objetivo que facilitar el desembarco de las firmas que previsiblemente harán las maletas desde Londres. Una medida estrella con la que el organismo presidido por Sebastián Albella desde hace solo dos semanas “procura” mejorar lo que hasta el momento venían ofreciendo los supervisores de países vecinos para sacar tajada de la desconexión de Reino Unido con la Unión Europea.
Este paquete de medidas de gracias está disponible para todas aquellas instituciones financieras que “quieran trasladar sus negocios o parte de ellos a España”. Así responde la institución al “reto fundamental” que el ministro de Economía, Luis de Guindos, encomendó a su nueva cúpula el mismo día de su toma de posesión: “Hacer lo más atractivo y acogedor posible el mercado de valores español”.
Con la determinación de que España “sea la opción más atractiva para estas entidades” y de ganar puntos en un contexto en el que Reino Unido podría perder fuerza como nodo financiero en Europa y por tanto como destino de nuevos proyecto, la CNMV ha preparado un “programa de bienvenida” que pasa por el establecimiento de una ventanilla única de interlocución en inglés que “ayudará a entender la regulación española y guiará durante todo el proceso de autorización y hasta seis meses después del mismo”. Durante este tiempo, “toda la documentación se podrá presentar en inglés sin necesidad de traducción”, explica el organismo.
Todavía en lo que se refiere a la lengua oficial de Canary Wharf, el distrito financiero por excelencia de Londres, se ha establecido un procedimiento directo de autorización para las empresas con sede en Reino Unido para el que “se crearán formularios estandarizados en inglés” a la par que se facilitará su presentación electrónica y la aceptación de documentos previos presentados ante otras autoridades con el objetivo de fijar un plazo de preautorización para que las empresas puedan comenzar su traslado.
Más allá de estas iniciativas, que vienen a equiparar lo que otros reguladores europeos ya venían ofreciendo desde hace tiempo se ha decidido emplear modelos internos de cálculo de recursos propios mínimos de cobertura de riesgos de mercado y contraparte, como habían solicitado algunas entidades. Para ello se ha desplegado un esquema específico de cooperación con el Banco de España que evite atascos burocráticos y que será más rápido siempre y cuando la autoridad competente en el Reino Unido haya revisado y autorizado los modelos en cuestión.
Asimismo, la CNMV prevé que para cuestiones tales como recuperación y resolución, políticas de remuneración, internalizadores sistemáticos y creadores de mercado, entre otras, “no habrá más requisitos que los derivados de la legislación europea” a los que se aplicará el “principio de proporcionalidad” en función del tamaño de cada una de las sociedades que llame a las puertas de Madrid, una ciudad con mucho sol y mucho fútbol, reclamos que las autoridades de la región capitalina española airean en Londres para atraer a sus tiburones financieros.
Por último, se sigue el órdago de Luxemburgo en cuanto a la flexibilidad en la externalización de actividades. En este sentido, el organismo español explica que va a adoptar un enfoque flexible a la hora de facilitar la externalización de funciones o actividades, de forma que se facilite también la reubicación parcial de una parte de los servicios de una sociedad “siempre que la entidad española no se convierta en un mero depósito vacío” y cumpla con la directiva comunitaria al respecto.
