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El legado de la SOPA: de la protesta en Internet al cierre de Megaupload

Han pasado tres meses desde que el Congreso de EEUU paralizó de manera indefinida la SOPA (Stop Online Piracy Act), alegando una “falta de consenso” entre republicanos y demócratas. Otros países han promovido leyes contra la piratería, como es el caso de España (ley Sinde-Wert) o Irlanda. También se ha clausurado Megaupload y otras páginas de descargas, pero la piratería (que en 2010 provocó unas pérdidas de 59.000 millones de dólares a la economía global, según los últimos datos de la Business Software Alliance), sigue existiendo.

La paralización de la SOPA se produjo después de que su impulsor, Lamar Smith, consultase “con fuentes de la industria” para modificar el proyecto de ley, eliminando la obligación de los proveedores de servicios web de bloquear el acceso a las páginas acusadas de piratería, ante lo cual, el presidente Obama se negó a ratificar el texto.

Hoy, la ley que provocó el revuelo y la movilización de plataformas de derechos de internautas a lo largo y ancho de la Red, y unió, al menos en apariencia, los intereses de los usuarios y algunos de los gigantes tecnológicos del momento, ha quedado olvidada.

Más aún: su supuesta “sucesora”, la ley CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), que se sometió a votación en el Senado el 23 de abril, no está logrando aún semejante repercusión, ni una respuesta unánime por parte de los usuarios, aunque expertos de la información tecnológica y representantes de los derechos de los internautas, como la fundación Electronic Frontier, han criticado su “falta de concreción” y su vulneración de la privacidad de los usuarios en la Red.

Aunque existen diferencias entre ambas, sus detractores mantienen que, de ser aprobada, esta nueva legislación podría utilizarse para rastrear la actividad de los usuarios e interceptar comunicaciones para perseguir la descarga de archivos, puesto que permite la transmisión de información privada a las autoridades por motivos de seguridad, sin estar sujeta a cualquier otra ley de protección de datos.

La CISPA no está generando una oposición similar a la que la SOPA tuvo desde el primer momento, cuando grandes empresas tecnológicas, empezando por Google, Facebook, Twitter o eBay, se mostraron en contra, con la creación del grupo NetCoalition para defender sus intereses y, de paso, los de los usuarios.

La ley pretendía obligar a los proveedores de Internet y a los buscadores a monitorizar los contenidos en sus “dominios” para evitar que vulnerasen el copyright, so pena de sufrir un bloqueo por parte del Departamento de Justicia si los contenidos fuesen considerados ilegales. Esta actuación ponía en jaque el modelo de negocio de estas compañías, basado en la publicidad (el 100% de la facturación de Facebook y Twitter, y el 96% en el caso de Google en 2011).

A pesar de su oposición, cuando los usuarios comenzaron a movilizarse para “defender la libertad en Internet”, estas empresas no se sumaron a las iniciativas, como el apagón que tuvo lugar el 18 de enero de 2012. Promovido por el agregador de contenidos Reddit, cuyo negocio se basa precisamente en el hecho de compartir entre usuarios, fue secundado por Wikipedia, la Fundación Mozilla y varias páginas y desarrolladores de videojuegos como Razer, Red 5, Destructoid y Mojang.

Más de 7.000 páginas en toda la Red se fueron a negro ese día, aunque por su parte, Google no se arriesgó a perder las visitas y los ingresos durante esa jornada, motivo por el cual añadió, sólo en la versión inglesa de su página, su logotipo censurado, como muestra de oposición a la SOPA.

Pero la Stop Online Piracy Act también obtuvo apoyos por parte de grandes sectores de la sociedad estadounidense, como la Motion Picture Assn. of America (Asociación de Cine de América), el brazo armado del lobby de Hollywood; el grupo farmacéutico PhRMA; y varias empresas tecnológicas de peso.

Esto llevó a los usuarios a impulsar un boicot contra las compañías a favor de esta ley; una de las mayores páginas de hosting de EEUU, Go Daddy, fue la primera y más perjudicada por estas actuaciones: varios clientes, en desacuerdo con su apoyo a la ley, llevaron a cabo un boicot a través de redes sociales y retiraron sus dominios registrados. A lo largo del fin de semana del 24 y 25 de diciembre, Go Daddy, con un total de más de 32 millones de dominios registrados, perdió más de 37.000 dominios activos.

El legado de la SOPA

El auge de estas medidas antipiratería (que en España se vio secundado por la aprobación de la conocida como ley Sinde-Wert), propició el ataque a páginas web de descargas ilegales de contenidos protegidos con derechos de autor. El caso más sonado, el de Megaupload, cerrado por el FBI el 19 de enero de 2012; su fundador y cuatro de sus principales ejecutivos, acusados lavado de dinero, crimen organizado e infracción de derechos de autor.

Esta actuación dejaba en suspenso a más de 180 millones de usuarios registrados con cuentas “premium”, que pagaban entre 9,99 dólares y 199,99 dólares, y cuyos datos estuvieron a punto de ser eliminados por falta de pago de Megaupload (con su capital confiscado) a los proveedores.

Pronto, varios rivales de esta página siguieron los pasos de Megaupload, aunque sin esperar la intervención de las autoridades; servicios como Fileserve.com, Filesonic.com, videobb.com, downupload.com o videozer.com decidieron suspender su actividad por propia iniciativa “debido a violaciones de los términos y condiciones”. La “resistencia” quedó en manos de Rapidshare, que defendía que su servicio era “totalmente legal, no pone límite a su servicio y no tiene un sistema de recompensas por descargas”.

Los beneficiados, hasta cierto punto, fueron las empresas de vídeos y música en streaming, de manera legal. Por ejemplo, Netflix, que cerraba en enero de 2012 el mejor mes de su historia bursátil, después de las vertiginosas caídas de 2011, con una subida del 81,5% en sus acciones en apenas un mes.

Hoy, el beneficio de estas medidas no termina de quedar claro. En sus últimos resultados trimestrales Netflix anunció unas pérdidas de 5 millones de dólares, las primeras desde 2005, sin lograr un registro de usuarios de pago suficientemente elevado como para compensar sus inversiones en internacionalización. Por este motivo, los expertos tecnológicos consideran que el cierre de Megaupload supuso más una redistribución del tráfico a otras páginas de descargas más diseminadas que un beneficio real para los servicios legales.
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