Un informe de Amnistía Internacional denuncia la desproporción de gasto en rechazo en frontera y los métodos violentos para gestionar la llegada de refugiados y migrantes. El gobierno húngaro de Viktor Orban ha empleado más de 100 millones de euros en vallas, concertinas y controles fronterizos para impedir la entrada de personas refugiadas y migrantes en su territorio. Según un informe de Amnistía Internacional, el presupuesto de la Oficina de Inmigración y Nacionalidad en 2015 fue de 27,5 millones de euros. Con ese monto se debe atender a los solicitantes de asilo y gestionar las solicitudes. Sin embargo, Hungría ha recibido la llegada de más de 160.000 personas hasta el mes de agosto, cuatro veces más que durante todo 2014.
La ONG denuncia que el gasto en medidas de rechazo triplique a los medios disponibles para atender a los migrantes y refugiados. El informe, titulado Fenced Out, describe la manera en que las “draconianas” medidas adoptadas por Hungría para controlar sus fronteras han violado reiteradamente el derecho internacional. “Sería infinitamente más sensato dedicar ese dinero a salvar vidas y mejorar futuros. Ya es hora de que todos los Estados miembros de la UE inviertan urgentemente en una solución compasiva y coordinada”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Hoy, día en que los ministros de la Unión Europea se congregan en Luxemburgo para celebrar reuniones de alto nivel en las que debatir la crisis, Amnistía Internacional pide a la UE que haga a Hungría rendir cuentas por sus incumplimientos en materia de derechos humanos, y que proteja a las personas en movimiento creando rutas legales y más seguras antes de que llegue el invierno.
“Hungría está a tan sólo unos cuantos rollos de concertina de sellar por completo sus fronteras con Croacia y Serbia. Incluso quienes consiguen colarse por los pequeños huecos aún abiertos, serán devueltos, casi con toda seguridad, a los países balcánicos de tránsito”, denuncia Dalhuisen.
“La combinación de las vallas de concertinas y la criminalización de quienes consiguen abrirse paso y entrar en el país irregularmente, así como la prisa por devolver a esas personas a los países balcánicos de tránsito, está concebida para aislar a Hungría de la crisis global y europea de refugiados”, denuncia Amnistía, que ha basado su informe en los testimonios y observaciones recopilados durante una amplia investigación llevada a cabo en el país en septiembre”, sostiene el director regional de la plataforma.
Reguero de denuncias por violencia y privación
Los testimonios recogidos por la ONG revelan el uso reiterado de fuerza excesiva por parte de las autoridades húngaras. Uno de los relatos es el de Hiba, una solicitante de asilo iraquí de 32 años de edad, que sufrió una fractura en el muslo cuando un policía húngaro la empujó contra una pared en una estación de tren de Budapest. “Llevo meses viviendo en la incertidumbre y la tensión”, declaró la mujer a los activistas una vez que pudo llegar a Alemania. “Ahora estamos a la espera de la decisión sobre nuestra solicitud de asilo, pero la gente [otros solicitantes de asilo] nos dice que es posible que la rechacen y nos devuelvan primero a Hungría y luego de vuelta a Irak. Sin embargo, no hay manera de regresar a Tikrit, no es seguro”.
“Quiero empezar una nueva vida en paz […] Nos tratan como a animales, peor que a animales”, ha manifestado Dina, siria de 46 años que fue puesta bajo custodia policial y estuvo 16 horas sin comida ni agua. “Esto nos impide quedarnos aquí. Sentimos que no somos bienvenidos”.
