Los empresarios y primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina tendrán sin remedio una mancha en sus antecedentes penales. El Ministerio de Justicia ha rechazado conceder el indulto a ‘los Albertos’ por su implicación en el llamado ‘caso Urbanor’ que en el año 2003 agitó el panorama corporativo madrileño. Aunque no entrarán en prisión, su ficha policial recogerá penas de cuatro meses por tentativa de estafa procesal.
Ese borrón en su historial era lo que habían intentado evitar hasta ahora los dos primos. Sin cosechar el esperado plácet del gabinete que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ‘los Albertos’ fueron notificados de la negativa el pasado 29 de abril, según publica Vozpópuli. La decisión no solo afectaría a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, sino también a sus entonces socios José María y Francisco Javier Arnáiz del Barco, apunta el digital.
A la luz de la condena de cuatro meses que ahora se ratifica, ninguno de los condenados irá a prisión. Sin embargo, la puerta de la cárcel queda abierta en el hipotético caso de una eventual nueva condena con independencia de cuál fuera ahora el tiempo de duración de la misma. Los hechos en cuestión tuvieron lugar en el año 2003, cuando se presentó una carta falsa como prueba de estafa contra sus antiguos socios en Urbanor por la venta de los terrenos sobre los que ahora se asientan las conocidas Torres Kio.
La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en contra de ‘los Albertos’ el 20 de octubre de 2009 y fue después ratificada por el Tribunal Supremo con fecha de 15 de marzo de 2011. Desde entonces, los dos empresarios habían buscado librarse de esta tacha. A los dos se los encontró culpables de personarse como acusación contra sus socios Julio San Martín y Pedro Sentieri a sabiendas de que la carta que se les atribuía había sido redactada por los hermanos Arnáiz del Barco y la documentalista Gloria Álvarez Aguarón.
Estos tres fueron condenados a penas de año y ocho meses de cárcel por falsedad documental e intento de estafa procesal. Sin embargo, la ausencia de antecedentes penales les libró de pasar por la penitenciaría. La misiva en cuestión, fechada el 2 de octubre del año 2000, recuerda la publicación digital, estaba supuestamente firmada por el arquitecto Sentieri dando indicaciones al constructor San Martín para que no revelase al juzgado que instruía el ‘caso Urbanor’ que tenía conocimiento de distintos precios para los terrenos de Plaza de Castilla, propiedad de la citada compañía.
