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Gas Natural Fenosa insta al Gobierno colombiano a frenar la liquidación de Electricaribe

Gas Natural Fenosa
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La compañía anuncia que “no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada”.
La orden del Gobierno de Colombia de liquidar Electricaribe, de Gas Natural Fenosa, ha encontrado respuesta de la eléctrica. La compañía ha lamentado la decisión y ha hecho un llamamiento a las autoridades colombianas para que “dejen sin efecto esta medida y trabajen para buscar una solución satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona”.
 
“La decisión de la Superintendencia obvia el problema fundamental y entra en contradicción con las declaraciones públicas realizadas por el actual presidente de Electricaribe y el Agente Especial que ahora administran la empresa”, ha sentenciado Gas Natural Fenosa. Una afirmación que ha acompañado recordando que se trata de una sociedad “regulada y como tal, suministra a todos los clientes de su zona en las condiciones que el gobierno determina en cada momento”.
 
Bajo el argumento de que la empresa “no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas”, la Superintendencia ha abocado por la liquidación. A pesar de ello, Gas Natural Fenosa ha anunciado su voluntad de “seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes”.
 
Y es que el paso del Ejecutivo colombiano de liquidar la filial es para la eléctrica un movimiento “contrario al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas”. Por ello, esta liquidación supone un revés en “el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resuelva la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de la inseguridad normativa existente en el país debido al fraude e impago padecido”.
 
Asimismo, Gas Natural Fenosa ha aseverado que la medida adoptada “es contraria, también, al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”. De esta manera, la liquidación “impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país”, tal y como se firmó en el acuerdo de libre comercio.
 
“La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión. La OCDE promueve el desarrollo de una regulación estable que proteja el correcto funcionamiento de las inversiones en los países miembros, algo que no se está cumpliendo en Colombia en el caso de Electricaribe”, ha denunciado Gas Natural Fenosa.
 
Por todo ello, la eléctrica española ha anunciado que “no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada”. Y es que una de las cuestiones que más le “sorprende” a Gas Natural Fenosa es “la falta de importancia que la Superintendencia, que dictamina la liquidación, atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude”.
 
Unos números a los que sí hace mención la compañía que ha recodado que “el problema fundamental que Electricaribe es que arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar”.
 
“A todo lo anterior debe añadirse la existencia de fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas. Es una auténtica ocurrencia decir que la gestión del riesgo de fraude o impago está en manos de Electricaribe”, ha criticado la multinacional.
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