El Gobierno espera que la sentencia de las cláusulas suelo no aumente la factura del rescate a las cajas

El Estado deberá pagar la factura de las cláusulas suelo de CatalunyaCaixa y Novagalicia. Puede ascender a varios cientos de millones de euros. Buena parte de la factura por las cláusulas suelo de las hipotecas concedidas por las cajas rescatadas la tendrán que pagar los contribuyentes españoles a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Tal y como ya publicó ElBoletin.com, el reciente informe del Tribunal de Cuentas reflejaba unas garantías de 904 millones de euros sobre la cartera hipotecaria de CatalunyaCaixa que adquirió el fondo buitre Blackstone, incluyendo los pagos por las cláusulas suelos. Otro tanto ocurrió en la venta de Novagalicia al grupo venezolano Banesco, si bien en este caso las garantías por las cláusulas suelo están más acotadas: 319 millones de euros.
 
Según señalan fuentes del sector, esas cifras se corresponden con las pérdidas esperadas que se calcularon para el conjunto de garantías en los procesos y en ningún caso se espera que el desembolso final vaya a ser superior.
 
Las cláusulas suelo de las hipotecas están bajo la continua sospecha desde que el 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo declarase abusivas las cláusulas suelo de BBVA, Novagalicia y Cajas Rurales por su falta de transparencia, si bien decretó la ‘irretroactividad’ de estas polémicas cláusulas –es decir, que los clientes no podían reclamar los pagos ya realizados-.
 
Dos años después, el Alto Tribunal se reafirmó en su decisión, estableciendo por tanto la fecha del 9 de mayo de 2013 como el tope hasta el cual se podía recuperar el dinero pagado de más al banco. Sin embargo, en diciembre pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) enmendó la plana al Supremo, estableciendo la retroactividad total desde el inicio del préstamo.
 
Pese a este cambio de criterio, las fuentes consultadas aseguran que a la hora de establecer las garantías por las cláusulas suelo se valoraron el conjunto de los riesgos, por lo que la factura que tendrán que pagar los contribuyentes no superará las cifras detalladas en el informe del Tribunal de Cuentas.