Entre las medidas que la Cámara Europea sugiere impulsar al Ejecutivo comunitario también se encuentran otras dirigidas a acabar con la barra libre de la que hasta ahora han disfrutado paraísos y amnistías fiscales. El pleno del Parlamento Europeo debatió recientemente sus recomendaciones de legislación para mejorar la «transparencia, coordinación y convergencia» de la fiscalidad empresarial dentro de la UE. Un debate del que han salido una serie de recomendaciones ante las que ahora, la Comisión Europea tiene la obligación de responder y, salvo un rechazo que habría de fundamentar, de tomar la iniciativa legislativa.
Las medidas propuestas fueron presentadas en una moción por dos eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: la británica Anneliese Dodds del grupo S&D y el checho Lud?k Niedermayer del PPE. Una resolución que fue apoyada por la práctica totalidad de la Cámara y que, a su vez, se basó en el trabajo previo de la «comisión especial sobre los acuerdos fiscales» creada tras las revelaciones de “Luxleaks” y cuyas recomendaciones ya habían sido aprobadas por el pleno el 26 de noviembre.
Entre las recomendaciones aprobadas en esta ocasión, quizá la más significativa sea la solicitud a la Comisión Europea de elaborar una propuesta legislativa que introduzca un mínimo impositivo común para el conjunto de los Estados Miembros en el Impuesto de Sociedades. Una medida que según la sugerencia del Parlamento se implementaría en dos fases: en una primera, ya para junio de 2016, existiría una base común para las multinacionales y empresas de mayor tamaño, independientemente de que tengan actividad transfronteriza o no; mientras que en la segunda, que como máximo se fijaría para finales de 2017, se incorporarían ya también a las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta sus particularidades.
Complementariamente a la fijación de esa base mínima, también se tomarían otra serie de iniciativas destinadas a evitar que las multinacionales utilizasen los precios de transferencia para pagar impuestos por el conjunto de su actividad allí donde les resulte más favorable. Una cuestión que, en todo caso, también es objeto de una atención especial y de todo un paquete destinado a definir un «marco de referencia común» en toda la Unión.
También de gran relevancia son las medidas que hacen relevancia a las amnistías fiscales. Tanto por la polémica que suscitan en los contribuyentes por la sensación de injustica que generan, como por su actualidad, debido a las necesidades recaudatorias asociadas a estos años de crisis las han hecho proliferar en diversos países de la Unión como España o Grecia. Así, el Parlamento ha sugerido fijar un «nivel mínimo de transparencia» en dichos procesos; así como unos principios que especifiquen cuando serían apropiadas y aquellos otros en los que otras alternativas serían preferibles.
Consideraciones similares a las que se podrían hacer en relación a los paraísos fiscales. En este caso, el Parlamento Europeo, entre otras medidas, ha instado al ejecutivo comunitario a que cree una definición «común y convincente» de «paraíso fiscal» y en base a ella, aprobar una serie de «contra-medidas» destinadas a aquellas compañías que hagan uso de dichos países o territorios para evadir impuestos.
Entre estas «contra-medidas» la Cámara europea ha sugerido algunas tan contundentes como la prohibición de acceder a ayudas estatales y a fondos europeos o a licitaciones públicas. También otorgar a los Estados Miembro una mayor discrecionalidad a la hora de excluir a las empresas de dichos procesos si considerasen que no cumplen con las mejores prácticas en materia fiscal. Del mismo modo, también se sugiere adoptar decisiones en el plano internacional como revisar y, en su caso, suspender acuerdos de comercio con aquellos países que pudiesen entrar dentro de dicha definición de «paraíso fiscal».
También en el ámbito internacional, se sugiere que de cara al futuro, la Comisión Europea elabore una propuesta legislativa que le permita «hablar con una sola voz en los acuerdos internacionales sobre imposición». Es decir, abandonar las negociaciones bilaterales tan características de la actualidad.
En una cierta sintonía con esa reclamación, que situaría a la fiscalidad en el corazón de la identidad comunitaria, se solicita dotar de un mayor perfil político e institucionalidad a los órganos correspondientes. Así, se solicita que los ministros de finanzas de los países miembro nombren a un presidente político que dirija los trabajos sobre la materia en el Consejo Europeo, así como de un representante de alto nivel y un asociado por cada estado miembro, con el propósito de «elevar el perfil».
Otra serie de medidas serían la creación para el primer trimestre de 2016 de un sistema que registre las declaraciones de impuestos las multinacionales país por país; impulsar una marca de «fair tax payer» para aquellas compañías que cumplan con las mejores prácticas en la materia; la creación de un número de identificación fiscal único en toda la Unión; que cada país miembro notifique a la Comisión sus planes de introducir nuevas medidas fiscales si estas pueden afectar a otros países; o la protección de aquellos informadores que denuncien prácticas incorrectas, ilegales o fraudes en materia fiscal. Esta última con una importante carga simbólica ya que, después de todo, no puede olvidarse que la mecha que prendió los trabajos que han derivado en estas recomendaciones fueron las denuncias que hicieron estallar el caso «Luxleaks».
