La reforma del Código Penal abre la puerta al archivo de la causa de las tarjetas ‘black’

Caso Bankia

La reforma del Código Penal abre la puerta al archivo de la causa de las tarjetas ‘black’

Oficina de Caja Madrid

El ‘15MpaRato’ teme que una “interpretación” de la reforma “ideológica” del Código Penal podría permitir que los consejeros se libren de responder por las tarjetas ‘black’. La reforma del Código Penal que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy y que entrará en vigor el próximo 1 de julio podría abrir la puerta a que los antiguos consejeros de Caja Madrid y Bankia se librasen de tener que responder por el escándalo de las tarjetas ‘black’, tal y como ha ocurrido ya con algunos exdirectivos de la entidad, como el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

Así lo ha alertado Carmen Herranz, abogada del Colectivo Ronda en la demanda penal del ‘15MpaRato’ contra Rodrigo Rato y Bankia, en una rueda de prensa celebrada hoy en Madrid. Según ha destacado la letrada, “tenemos que tener los ojos muy abiertos” porque la nueva reforma del Código Penal incluye una variación en lo que se refiere al delito de administración desleal, que podría aplicarse sobre casos pasados si es más beneficiosa para los acusados.

El actual Código cuenta con una jurisprudencia, ha explicado Herranz, que se teme que la letra del nuevo texto “se pueda interpretar y retorcer” para que los administradores de la malograda entidad finalmente no tengan que responder por sus hechos. La reforma del Código Penal llevada a cabo por el Gobierno del PP “es ideológica”, ha apuntado, por lo que se podría abrir la puerta a que “se les ponga en bandeja archivar la causa contra los administradores, después de que ya se archivase contra los exdirectivos”.

En concreto, la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones penales por la causa de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros once exdirectivos de la entidad, aunque les mantuvo en la causa como partícipes a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos.

El nuevo texto establece que incurrirá en administración desleal toda aquella persona que gestione dinero, valores o patrimonios y que realice actuaciones para las que no ha sido autorizado podrá cometer delito de administración desleal con penas de prisión hasta seis años, si causa perjuicio al patrimonio administrado.

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