El Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha facilitado hoy una cifra que creaba expectación y que venía negando por motivos de «seguridad»: el dispositivo policial del referéndum del 1-O costó 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento y dietas.
Ha explicado que los agentes desplazados se distribuyeron en tres clases de alojamientos: establecimientos hoteleros, instalaciones policiales militares y barcos atracados en el puerto de Barcelona.
El titular de Interior ha comparecido hoy en el Senado para explicar el despliegue de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en los días previos y posteriores al referéndum convocado por el ejecutivo de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat.
Zoido comparece a petición propia pero también constan peticiones del PSOE y Bildu para que el máximo responsable del dispositivo policial contra el procés independentista, llamada Operación Copérnico.
El ministro ha comenzado argumentando que el despliegue policial respondió “a la necesidad de responder a las resoluciones judiciales” de la justicia catalana y del Tribunal Constitucional y que, por tanto, no fue un “capricho”.
Sobre el coste de la operación Copérnico, Zoido ha recordado que los efectivos desplazados se distribuyeron en tres clases de alojamientos: establecimientos hoteleros, instalaciones policiales militares y barcos atracados.
“Soy consciente de que el alojamiento ha generado polémica, sobre todo en los barcos, pero teníamos que contar con alojamiento seguros y sin poder hacer contratación muy anticipada”, ha defendido. Se refiere a los famosos barcos para cruceros que alojaban a agentes en el puerto de la ciudad condal. La controversia y las bromas por la decoración exterior de estos barcos, con personajes de dibujos animados de Looney Tunes, acabaron apodando a estos alojamientos ‘los barcos de Piolín’.
Pero Zoido defiende que estas “decisiones operativas” de los técnicos policiales tenían su razón de ser y “algunos sucesos posteriores justificaron que fueron acertadas”. El ministro ha explicado que alojar a agentes en barcos permitía contar con muchos efectivos cerca de una gran cantidad de vehículos policiales, facilitando las actuaciones en momentos de urgencia.
Desde este punto ha saltado a los “acosos” a policías y guardias civiles: “Eran asedios organizados y muchas veces consentidos en muchas localidades de Cataluña”, ha criticado.
Sobre los incidentes entre vecinos y policías alojados en hoteles de Pineda del Mar y Calella, Zoido afirma que “estos actos están teniendo la respuesta jurídica de un Estado de Derecho, así como las denuncias por “la inacción de los Mossos d’Esquadra”.
“Estaban allí para defender todo aquello con los que sus agresores querían acabar”, ha expresado el ministro al concluir agradeciendo a los agentes y sus familias el “esfuerzo” por el trabajo y el desplazamiento hasta Cataluña.
Sobre el número de policías y guardias civiles, Zoido ha aclarado que, aunque no hay cifra exacta, “el dispositivo más estable fue de 4.500 personas”. Añade que durante al menos tres días esa cifra aumentó hasta 6.000 agentes.
Los sindicatos consideraron que la operación Copérnico ha sido el mayor despliegue policial realizado en la democracia reciente. El Sindicato Unificado de Policías (SUP) explicaba a EL BOLETÍN cómo muchas comisarías de todo el país quedaron “en cuadro” tras el traslado masivo de policías a Cataluña.
Tras las interpelaciones de la oposición, Zoido ha defendido reiteradamente el “uso proporcionado y justificado de la fuerza” en Cataluña. “Se produjeron hechos que ojalá no se hubiesen dado”, admite, pero sostiene que la culpa no es de las fuerzas del seguridad del Estado sino “de quien ha alentado e instado que esos hechos se produzcan”.
En la actuación policial durante el 1-O hubo, según el anterior Ejecutivo de Puigdemont hasta 900 heridos. Zoido insiste en que los agentes sólo acataban órdenes del Tribunal Constitucional con “un uso mínimo de la fuerza” en aquellos colegios “en los que pudieron entrar”.
“En muchos casos tuvieron que defenderse de las agresiones que recibieron”, ha expuesto el ministro sobre los agentes. «Quiero ser muy claro: no digo que todos los que se encontraban en los colegios eran radicales, había muchos ciudadanos pacíficos, pero sí digo que entre esas personas pacificas se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados», ha afirmado. «Eso es una auténtica realidad», ha apostillado.
Como en aquel momento, su larga comparecencia de este jueves se ha centrado en resaltar la responsabilidad de las instituciones catalanas por los altercados, «al llamar a la población» a un referéndum tumbado por el Constitucional. «Las actuaciones irresponsables e ilegales y el pleno de los días seis y siete de septiembre provocaron tumultos», criticó al inicio, en referencia a la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament catalán.
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