La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Foto: Trabajo)
«Son centenares de miles las bajas por incapacidad que suscitan los trabajadores con patologías vinculadas a la salud mental. Y debemos seguir protegiendo a las personas trabajadoras vulnerables, así como a quienes prestan servicios en las condiciones más precarias», ha subrayado Díaz.
Durante un acto de entrega de diplomas a nuevas promociones de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, la vicepresidenta segunda ha señalado que las relaciones laborales han cambiado «profundamente» en los últimos tiempos debido al teletrabajo, las plataformas digitales, los algoritmos, los desafíos del cambio climático y la prolongación de la vida laboral y, sobre todo, «la nueva percepción social ante la necesidad de la igualdad y contra las discriminaciones de cualquier tipo».
«Todo ello está marcando el tránsito hacia una nueva era en nuestras relaciones laborales. Hacer frente a los incumplimientos que se dan en este nuevo contexto, convertiros en garantes de nuestro sistema de protección social y de los derechos de la representación unitaria y sindical de las personas trabajadoras es ahora o será ahora parte esencial de vuestra misión», les ha comentado Díaz a los nuevos inspectores y subinspectores.
La ministra ha hecho hincapié en el «esfuerzo histórico» que se ha hecho en los últimos años para reforzar la Inspección, hasta contar actualmente con una plantilla de más de 3.000 empleados públicos, de los que casi 2.200 pertenecen a los Cuerpos del organismo.
«Pasar de 1.800 funcionarios de la Inspección activa en el año 18 a las cifras actuales, ha requerido un importante incremento de las ofertas de empleo público y también de los presupuestos del organismo estatal de la Inspección de Trabajo, que ha incrementado su cuantía en más de 60 millones de euros en los últimos tres años», ha enfatizado Díaz.
La vicepresidenta segunda en funciones ha destacado que las actuaciones de la Inspección están consiguiendo, entre otras muchas cosas, combatir el fraude en la contratación; regularizar los salarios y las cotizaciones de «miles de mujeres» trabajadoras del hogar y de los llamados falsos autónomos; y luchar contra la discriminación en el ámbito laboral.
«Todo ello deriva en algo esencial que no debemos de olvidar: la protección de la vida, la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. La acción de la Inspección en este ámbito ha venido incrementándose año tras año, alcanzando en el año 22 la mayor cifra, el récord de actuaciones de la historia de la democracia española. El reto ahora debe ser no sólo cuantitativo, sino también cualitativo», ha defendido Díaz.
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