La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha descartado «categóricamente» este lunes que haya que establecer un salario mínimo interprofesional (SMI) distinto para comunidad autónoma, porque ello, ha argumentado, «rompería las reglas de mercado» y crearía «ciudadanos de primera y de segunda». Díaz, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, «es un mínimo que opera ajeno al resto del mercado de trabajo» y ha explicado que ya están los convenios colectivos para tener en cuenta, a la hora de fijar los salarios, los precios que existen en cada comunidad, por ejemplo para alquilar un piso.
La ministra ha señalado que el SMI, que este año alcanza los 950 euros mensuales por catorce pagas, es el mínimo salarial que deberán recibir todos los trabajadores que están fuera de convenio, unos dos millones.
«Son los pobres de los pobres, sobre todo mujeres», ha dicho Díaz, que ha destacado que de los 9,7 millones de pensiones que se pagan en España, cinco millones «están en la exclusión social». La ministra ha indicado que el SMI es una de las herramientas de las que dispone para luchar contra la desigualdad, a su juicio «el gran problema de España».
La titular de Trabajo ha puesto en valor que se haya conseguido «volver al diálogo social» después de mucho tiempo para pactar la subida del SMI. «Lo relevante de este acuerdo no es el quantum, es el cómo, y me parece que la grandeza de lo que hemos hecho es el reequilibrio y la reconsideración del diálogo social», ha señalado.
En este sentido, ha subrayado que el diálogo social es «la herramienta democrática por excelencia» y los grandes acuerdos de país tienen que estar «pautados» con los agentes sociales, acaben o no en acuerdo.
Así, Díaz ha expresado su compromiso personal y del Gobierno en que los cambios que se aborden en torno a la reforma laboral de 2012 se harán desde el diálogo social. «Todas las legislaciones que abordemos van a ser con diálogo social», ha garantizado.
DEROGACIÓN «POLÍTICA» DE LA REFORMA LABORAL
Precisamente, preguntada por la derogación de la reforma laboral del PP, la ministra ha afirmado «se va a derogar en términos políticos» y que «técnicamente no es posible derogarla en su totalidad». «Hay aspectos que vamos a derogar técnica y políticamente y otros sobre los que vamos a legislar adecuándolos a los tiempos actuales», ha precisado.
En relación a si hay que volver al despido improcedente de 45 días por año, la ministra no ha querido, «por prudencia», fijar una posición, ya que se negociará en el marco del diálogo social. Pero sí ha reconocido que eso «no es un no» y que lo que realmente hay que analizar son las causas por las que se puede despedir. En todo caso, ha negado que España tenga las indemnizaciones por despido «más severas».
Lo que sí ha admitido es que las cotizaciones sociales que pagan los empresarios son más elevadas que la media europea, pero ha recordado que las bonificaciones que reciben por contratar, que ascienden a unos 3.000 millones de euros, ya suponen una rebaja, aunque indirecta, de lo que pagan a la Seguridad Social.
En cualquier caso, Díaz ha subrayado que los impuestos son necesarios para salvaguardar el Estado del Bienestar y que las cotizaciones sociales son positivas porque «protegen a los trabajadores a lo largo de su vida».
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