12-05-2021 La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, interviene en una sesión de control en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno el Ejecutivo se enfrentará a las preguntas de la oposición, entre las que destaca, el futuro del país tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo y si se incorporarán o no nuevas restricciones sanitarias. Asimismo, el presidente del Gobierno deberá rendir cuenta de sus planes en lo que resta de legislatura ya que el portavoz de ERC en el Congreso también le interpelará sobre las promesas que tiene que cumplir el Gobierno de coalición hasta 2023. ECONOMIA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press
Así, la vicepresidenta ha recalcado que una prestación de servicios «será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste», algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado «late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa».
La nueva norma obliga a contratar a los trabajadores de reparto, no sólo a los de plataformas digitales como Glovo o Uber Eeats, como asalariados en un plazo máximo de tres meses, al reconocer la presunción de laboralidad, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Durante el debate de convalidación, Vox ha utilizado un turno en contra para rechazar la nueva regulación y avanzar un recurso ante el Tribunal Constitucional, por no ver justificada la urgente necesidad necesario para este tipo de iniciativas. Un debate interrumpido en varias ocasiones por el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ante los gritos procedentes de la bancada de Vox durante el turno de la vicepresidenta.
En este intercambio, el portavoz laboral de Vox, Juan José Aizcorbe, ha recordado que la norma ni siquiera ha entrado en vigor según se ha aprobado, al ofrecer tres meses a las empresas de reparto para cumplir lo dispuesto en el decreto y regularizar la situación de sus trabajadores.
Además, ha señalado que la regulación es «un canto de sirena» por no imponer una laboralidad, sino una presunción de la misma, cree por tanto que es una norma «inocua», y que fija «trabas» y «barreras» a los trabajadores. Asimismo, ha puesto en cuestión la representatividad de los agentes sociales a la hora de acordar los cambios.
«Se necesita legislar sobre la figura del autónomo digital, no atacar a los más débiles», ha reivindicado Aizcorbe, reclamando un estatuto especial para estos trabajadores con el que «dotarles de derecho para que nadie pierda el trabajo» y que ese trabajo «sea digno y esté protegido».
«Gracias por su franqueza. Le están diciendo a los trabajadores que están ustedes contra ellos», ha replicado la vicepresidenta, antes de acusar a Vox de pretender que «con la excusa del desempleo valga todo contra las personas trabajadoras», «que las empresas puedan hacer lo que quieran» y perpetuar «un modelo basado en la explotación». «Los agentes sociales no quieren modelos laborales basados en el siglo XIX», ha remachado.
«Desde Espartaco esto está escrito, convendrían que defendiera la legalidad vigente», ha apostillado Díaz, preguntándose si la cascada de resoluciones al respecto, también fuera de España, implica que estas cortes «han enloquecido o es que es tan aberrante lo que está pasando con las plataformas digitales que tienen que intervenir».
Asimismo, ha criticado que desde Vox se considere «poner muros» a establecer normas en el marco laboral, pues considera que «no hay ningún emprendimiento en un joven que reparta en las calles, acompañado de una herramienta digital, por muy moderna que sea».
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