La plataforma virtual Xnet lleva varias semanas alertando de que no es oro todo lo que reluce en la Proposición de Ley contra la Corrupción y para la Protección del Denunciante presentada por Ciudadanos. A pesar del nombre de la propuesta, los activistas de la plataforma alertan a los partidos políticos que su aplicación supondría el retorno de “la STASI”.
Así lo hicieron saber la semana pasada en una campaña en redes titulada ‘#VuelveLaSTASI’, y este mismo miércoles, en una reunión a muchas bandas mantenida con diversos partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
Sònia Farré i Joan Mena (ECP), Xavier Eritja (ERC), Juan Pedro Yllanes (Unidos Podemos), Enric Bataller (Compromís) y Oskar Matute (EHBildu) han escuchado las propuestas de Xnet y la enumeración de los “graves peligros escondidos tras el engañoso título de la Proposición de Ley Integral Contra la Corrupción y para la Protección del Denunciante”.
Sus denuncias principales son la:
- Gravísima falta de las más básicas garantías jurídicas en la operativa del Organismo Autónomo propuesto.
- La protección del denunciante se reduce a un gremio muy específico, dejando expuesto y desprotegidos a la gran mayoría de alertadores/denunciantes.
- Prohibición de la denuncia anónima, contradiciendo las recomendaciones de la fiscalía española y de los tratados internacionales.
- La creación de registros y ficheros de personas socavando los derechos básicos.
“Aunque es cierto que un gran número de alertadores son personas que trabajan en el sector público, es también cierto que no solo funcionarios y altos cargos son los que han destapado casos de corrupción o abusos, sino también otro tipos de empleados o simplemente personas de a pie. No hay ningún motivo para discriminar y proteger solo a los unos y no a los otros” detalla en su documento Xnet.
El caso Bankia y Tarjetas Black es un ejemplo de ello, al surgir de la plataforma 15MpaRato.
Según la plataforma virtual, detrás de la Proposición de Ley contra la Corrupción de Ciudadanos se esconde una propuesta “perversa y de un autoritarismo trasnochado y megalomaníaco”, ya que considera que las instituciones pueden vigilarse mejor a sí mismas que cuando lo hacen los ciudadanos, que “quedan a merced de las represalias”.
