Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que busca eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tributo cedido a las comunidades autónomas y que, a su juicio, “se enfrenta a numerosos problemas de legitimidad social”.
Así, asegura que se trata de “la figura impositiva más polémica” sistema tributario español ante la “elevada desigualdad en función de la región en la que se resida, donde se encuentren los bienes o derechos heredados”.
“Se trata de una figura impositiva que carece de igualdad en la materialización de los principios de distribución, progresividad y de igualdad”, asegura en un comunicado la portavoz fiscal de esta formación en la Cámara Baja, Inés Cañizares, firmante de la iniciativa junto con sus portavoces, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.
Este impuesto se aplica tras la adquisición de los bienes y derechos a título gratuito, ya sea por medio de herencia, legado, donación o por ser beneficiario de contratos de seguros. Las comunidades autónomas tienen competencias normativas, de gestión, recaudación e inspección del mismo.
Vox justifica la necesidad y conveniencia de la iniciativa ante “el brusco incremento en las cifras de fallecimientos registrados en España como consecuencia de la pandemia” y por ello aboga por “una transformación de calado en el sistema tributario que ponga fin, de una vez por todas, a un impuesto cuya utilidad, operatividad y legitimidad están en entredicho”.
Asimismo, inciden desde este grupo en “la baja aportación del impuesto al sostenimiento del Estado del bienestar en relación con su elevado rechazo social” algo que, apostillan, “contribuye en gran medida al éxodo fiscal”.
“Funciona como doble impuesto, al gravar de nuevo rentas o bienes que ya tributaron en su momento por uno o varios conceptos”, esgrime Cañizares, que asegura cómo “muchos contribuyentes, al tiempo de recibir a una herencia, deben acudir a herramientas de financiación bancaria para enfrentar la cuota del impuesto”.
