La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
En una conferencia sobre el presupuesto comunitario, la alemana ha destacado que la Unión está invirtiendo «más que nunca» para impulsar una «recuperación colectiva» y, en consecuencia, es necesario «tener especial cuidado en que el dinero se utilice adecuadamente y con efectividad».
«Tenemos que garantizar que cada euro y cada céntimo se gaste de acuerdo con su propio objetivo y en línea con los principios del Estado de derecho. No es solo un ingrediente vital de nuestras economías, también genera confianza para inversores y empresas en este momento crucial», ha dicho, sin nombrar específicamente a Varsovia y Budapest.
Von der Leyen ha recordado que el bloque cuenta ahora con un mecanismo con el que puede suspender el desembolso de ayudas europeas, tanto del presupuesto como del fondo de recuperación, a un país que ha violado los principios del Estado de derecho.
Aunque esta posibilidad existe desde el pasado 1 de enero, el Ejecutivo comunitario se resiste por ahora a iniciar el proceso e incluso ha sido demandado por el Parlamento Europeo por retrasar el proceso. El argumento de Bruselas es que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) todavía debe pronunciarse sobre la legalidad del mecanismo a raíz de los recursos planteados por Polonia y Hungría.
En este contexto, Von der Leyen ha afirmado que el futuro fallo del tribunal de Luxemburgo sobre esta cuestión «aportará claridad para todos» porque «no se puede dejar que las inversiones que permiten a nuestros mejores tener un mejor futuro desaparezcan por canales escondidos».
La presidenta de la Comisión Europea se refiere en esta última declaración a las llamadas «transiciones gemelas», la ecológica y la digital, en las que se concentran gran parte de los esfuerzos contemplados en el presupuesto de la UE hasta 2027 (de más de un billón de euros) y en el fondo de recuperación de 806.000 millones.
De hecho, y coincidiendo con la Cumbre del Clima de la ONU en Glasgow (COP26), Von der Leyen ha elevado a 470.000 millones de euros la inversiones necesarias cada año para que el bloque alcance los objetivos climáticos pactados para 2030.
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