Este acuerdo entre las dos partes se produce después de que a mediados de mes se rompiera el alcanzado inicialmente, que recogía la intención de la empresa de destinar 830 millones de euros para cerrar la vía judicial, a causa de discrepancias en los emolumentos que reclamaban los abogados de la organización.
En dicho momento, Volkswagen aseguró que el pacto alcanzado solo había fracasado porque los abogados de VZBV reclamaban 50 millones de euros en concepto de honorarios, sin que hubieran aportado pruebas «suficientemente concretas» que justificasen dicho monto.
En este sentido, desde la corporación automovilística explicaron que los representantes legales de los 444.000 clientes envueltos en la demanda colectiva rechazaron que se llevase a cabo un examen legal «independiente» sobre sus exigencias económicas.
Tras este colapso en la negociación, el consejo de administración del grupo alemán decidió ofrecer un acuerdo con los mismos términos acordados con VZBV por un importe total de 830 millones de euros, pero esta vez al margen de los abogados de dicha organización.
