La Audiencia Provincial de Braunschweig ha condenado este lunes a cuatro exdirectivos del Grupo Volkswagen por su implicación directa en la manipulación masiva de los datos de emisiones de los motores diésel. El llamado “diéselgate”, descubierto en 2015, destapó un fraude que ha costado más de 30.000 millones de euros al consorcio automovilístico alemán y ha sacudido la industria automovilística europea durante casi una década.
El tribunal consideró probado que los acusados sabían de la manipulación de emisiones mediante un software que alteraba los resultados en condiciones de laboratorio, mostrando niveles muy inferiores a los reales.
Jens Hadler, exdirector de Desarrollo de Motores, fue condenado a 4 años y medio de prisión.
Hanno Jelden, alto ejecutivo del grupo, recibió una pena de 2 años y 7 meses.
Heinz-Jakob Neusser, antiguo miembro del consejo directivo, fue sentenciado a 1 año y 3 meses, con pena conmutable por libertad condicional.
Un cuarto directivo, cuya identidad no fue revelada, recibió 1 año y 10 meses, también condicional.
“Muchas personas participaron en el desarrollo de los motores”, subrayó el juez Christian Schutz, que dejó abierta la puerta a más responsabilidades
El juicio, iniciado tras la acusación formal de la Fiscalía en abril de 2019, ha estado marcado por contradicciones entre ingenieros y ejecutivos. Los primeros aseguraron que advirtieron sobre la ilegalidad del sistema, mientras que los directivos alegaron desconocimiento de que se estuviera cometiendo un delito.
Uno de los grandes ausentes fue Martin Winterkorn, expresidente del Grupo Volkswagen, cuya causa fue separada por motivos de salud. Su proceso sigue suspendido.
La organización medioambiental DUH ha lamentado que las condenas lleguen una década después del escándalo y ha denunciado que el Gobierno alemán no ha actuado para retirar de la circulación los vehículos afectados.
“Cerca de 8 millones de vehículos manipulados siguen en las calles”, denunció Jürgen Resch, gerente de DUH
El dirigente pidió al ministro de Transportes, Patrick Schneider, aplicar las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Schleswig, que obliga a retirar o adaptar los coches afectados con cargo a Volkswagen.
El fallo de este lunes no pone fin al escándalo. Todavía quedan cuatro procesos penales abiertos relacionados con el diéselgate, con 31 personas más en el banquillo de los acusados.
El caso, considerado uno de los mayores fraudes industriales en la historia de Alemania, ha provocado un giro en la regulación de emisiones y un fuerte impulso a la transición hacia vehículos eléctricos.
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