Desigualdad

Vivienda y alimentación absorben casi el 60% del gasto de los hogares más vulnerables

El 40,9% del gasto total se va a vivienda y suministros, mientras que el 18,7% se dedica a alimentación, según un informe de EAPN-ES.

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Las familias en riesgo de pobreza y exclusión social en España destinan casi el 60% de su gasto total a cubrir vivienda, suministros y alimentación, lo que reduce de forma drástica su capacidad para afrontar otras necesidades básicas.

Así lo recoge el informe La cesta de la compra de familias en riesgo de pobreza y exclusión social, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

El estudio, basado en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, junto a testimonios de personas en situación de pobreza y aportaciones de expertas, muestra que los hogares con menos ingresos apenas disponen de margen económico una vez cubiertos los gastos esenciales.

El análisis pone de relieve que el problema no es la gestión del gasto, sino la insuficiencia de ingresos frente al coste real de la vida.

La mayor parte del presupuesto de los hogares vulnerables se concentra en gastos básicos, dejando en segundo plano sanidad, educación, transporte o vestimenta

Vivienda y alimentación concentran el gasto familiar

Según el informe de EAPN-ES, el peso de la vivienda y la alimentación sobre el gasto total de los hogares en riesgo de pobreza es muy superior al del conjunto de la población.

Reparto del gasto en estos hogares, según los datos analizados por la entidad social:

Concepto Porcentaje del gasto total
Vivienda y suministros 40,9%
Alimentación 18,7%
Resto de necesidades básicas 40,4%

Estos porcentajes reflejan que casi seis de cada diez euros se destinan exclusivamente a mantener el hogar y garantizar la comida diaria.

El escaso margen restante obliga a recortar en transporte, sanidad, educación, ocio y vida social

Renuncias forzadas en la cesta de la compra

La presión económica obliga a las familias a eliminar o reducir productos considerados más caros, aunque sean nutricionalmente recomendables. Entre los alimentos que desaparecen con mayor frecuencia de la cesta de la compra figuran el pescado, las carnes de mayor precio —como la de bovino—, productos de charcutería y la alimentación específica para bebés.

Desde EAPN-ES subrayan que esta situación no responde a un mayor gasto, sino a una renuncia sistemática a derechos básicos. La entidad insiste en que los ingresos disponibles y las políticas públicas actuales no cubren el coste de una vida digna.

Las familias priorizan productos baratos y calóricos frente a alimentos frescos por el impacto del precio en su presupuesto

Alimentos saludables y vivienda digna, cada vez más inaccesibles

El informe advierte de que la subida del precio de los alimentos y el encarecimiento del acceso a la vivienda tienen un impacto especialmente grave en los hogares más vulnerables. La compra se basa en estrategias de frugalidad extrema, priorizando alimentos de bajo coste frente a frutas, hortalizas, pescado fresco o carnes de mayor calidad.

Esta situación genera riesgos de déficit nutricional, especialmente en hogares con niñas, niños y adolescentes, según alerta la organización social.

En paralelo, el acceso a una vivienda digna se consolida como uno de los principales factores de empobrecimiento. El alquiler absorbe una parte creciente del presupuesto familiar y la pobreza energética obliga a muchas familias a elegir entre mantener la vivienda caliente o llegar a fin de mes.

Reforzar derechos y protección social

EAPN-ES señala que la investigación constata una situación de emergencia estructural para muchas personas en pobreza. Entre las causas destacan el precio de la vivienda, la falta de tiempo para la planificación y el autocuidado, la discriminación de género y las desigualdades territoriales.

Ante este escenario, la red ha reclamado medidas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda, refuercen el bono social energético, aseguren una alimentación saludable y accesible, protejan los servicios públicos y apliquen una perspectiva de género en las políticas de gasto y cuidados.

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