En declaraciones a los medios antes de acceder a la sede judicial situada en San Fernando de Henares, Villarejo ha mostrado su confianza en la independencia de los jueces y fiscales «pese a las presiones» que, según le «consta», han recibido.
«Espero que no sea digamos una Justicia folklórica, sería como un linchamiento como en el oeste», ha sostenido Villarejo, que ha lamentado que ser un «sujeto molesto» en España haya llevado a que haya gente que trate de aniquilarlo.
El comisario jubilado, que ha descartado que utilizara medios policiales para llevar a cabo los diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial. «En absoluto. Eso ya es motivo del juicio», ha contestado a los periodistas.
«SOMOS INOCENTES»
Así, preguntado sobre un hipotético acuerdo, Villarejo ha sido tajante: «Jamás. ¿Por qué? Somos inocentes», ha espetado, denunciando que nunca se la haya «tratado como un presunto delincuente, sino como a un enemigo al que hay que aniquilar».
«Entendía que era mi obligación hacer denuncias continuas de todas la ilegalidades que está habiendo y, como era un sujeto molesto en este país, cuando alguien molesta se le aniquila y se utiliza instituciones tan serias como la Justicia para aniquilarme no solo a mi, sino a mi familia», ha insistido.
Con todo, Villarejo ha lanzado una última advertencia antes del inicio del juicio que se extenderá, presumiblemente, hasta inicios de 2022: «El miedo pudre por dentro y emponzoña los corazones. Yo no he tenido miedo jamás de ningún individuo por muy importante que fuera este señor tan importante, el gran lord protector de la Corona».
MÁS DE 30 ACUSADOS
En este juicio, el comisario comparece como principal imputado, si bien congregará a más de 30 acusados entre los que destacan su socio, Rafael Redondo, y su mujer, Gema Alcalá, así como el comisario Enrique García Castaño, que se enfrentan a penas de 102, 86 y 87 años de cárcel, respectivamente. No obstante, algunos acusados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía.
Este primer juicio de ‘Tándem’ llega casi cuatro años después de que el comisario Villarejo fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas referidas a los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid.
De acuerdo con las pesquisas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, el denominador común de las piezas separadas, más allá de quién le contratara –desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares– y para qué, es que Villarejo habría asumido estos trabajos siendo comisario en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros –a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas–, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.
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