«Lo que tiene que hacer la Iglesia católica para encontrar víctimas de abusos es buscarlas de forma activa, cuando recibe una denuncia, el obispo de turno que vaya a las parroquias donde ha trabajado. Si siguieran este método no tendrían ocho casos ni 80 sino, como en otros países, como Francia o Alemania, miles de víctimas», ha afirmado en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Infancia Robada, Miguel Hurtado.
Así se ha pronunciado después de conocer los datos ofrecidos este jueves por los obispos, que han contabilizado ocho denuncias de abusos a menores –tanto del pasado como recientes– en sus oficinas de atención a víctimas desde que estas se pusieron en marcha hace ocho meses.
Hurtado ha añadido que decir que en España hay menos casos de abusos en la Iglesia que en otros países es «faltar a la verdad» porque «la Conferencia Episcopal sabe perfectamente cómo se han gestionado los casos de pederastia durante décadas: se protegía al delincuente, se le cambiaba de parroquia y se persuadía a los padres para que no denunciaran».
«No es que en España haya menos casos, sino que en España la Iglesia ha tenido mucho más poder que en otros países, ha tenido más capacidad de encubrir», ha denunciado.
En cuanto al rechazo de los obispos a crear un fondo para dar indemnizaciones a las víctimas de abusos, Hurtado considera que «esto demuestra que no quieren que la magnitud de lo sucedido salga a la luz» porque un sistema de indemnizaciones es «un incentivo para que la gente revele los abusos que ha sufrido».
En este contexto, la Asociación Infancia Robada pide al Gobierno que reforme el Código Civil para eliminar o, al menos, ampliar el plazo de prescripción para que las víctimas que hayan sufrido abusos puedan denunciar por daños y perjuicios y recibir una indemnización, como ya ocurre, según ha indicado, en países como Escocia, Australia o Canadá. También reclaman que tenga carácter retroactivo para las víctimas de abusos en el pasado.
En concreto, reclaman la reforma de la responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 del Código Civil. De esta forma, según precisan, no solo se verían beneficiadas las víctimas de abusos cometidos por parte de miembros de la Iglesia católica sino también de otras instituciones.
«Esta sería la solución porque la jerarquía católica ha demostrado de forma clara y meridiana que no quiere indemnizar de forma voluntaria a las víctimas», ha zanjado Hurtado.
