Delcy Rodríguez
La reacción oficial de Caracas se produce horas después de que Trump afirmara que el matrimonio presidencial había sido trasladado fuera del país tras una operación militar de gran escala, acompañada de ataques aéreos sobre Caracas y varios estados venezolanos.
El Gobierno venezolano afirma no tener información oficial sobre la situación de Nicolás Maduro tras los ataques denunciados
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido públicamente para informar de que el Gobierno no dispone de datos verificables sobre el paradero del presidente ni de la primera dama tras los bombardeos registrados durante la madrugada.
Rodríguez ha exigido directamente al presidente estadounidense que aporte una prueba de vida que confirme, al menos, el bienestar del matrimonio.
“Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump una prueba de vida inmediata”, ha declarado.
El presidente de EEUU anunció la captura a través de su plataforma Truth Social, donde afirmó que se trató de un “ataque a gran escala” ejecutado en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses.
Posteriormente, en declaraciones al New York Times, Trump calificó la operación de “brillante” y avanzó que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa desde Palm Beach (Florida) prevista para las 17.00 horas, hora peninsular española.
Trump sostiene que Maduro y su esposa fueron trasladados fuera de Venezuela tras la operación
Horas antes del anuncio, el Gobierno venezolano denunció una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, que calificó como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.
Medios locales informaron de bombardeos sobre instalaciones militares y estratégicas, sin que hasta el momento exista confirmación oficial de víctimas.
La situación se produce en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington. En los últimos meses, EEUU había ordenado el despliegue naval frente a las costas venezolanas, la incautación de petroleros que partían de puertos del país y amenazas públicas de intervención militar.
Washington ha justificado estas medidas bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, mientras que el Gobierno venezolano las considera parte de una estrategia de presión y desestabilización.
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