Valencia sale a la calle para exigir vivienda digna y la prórroga del Escudo Social

La movilización ha partido de la Plaza de San Agustín y ha concluido en la Plaza de la Virgen, bajo el lema ‘Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!’, con la participación de colectivos vecinales y sociales.

Las entidades alertan de que el fin del Escudo Social activaría procesos de desahucio para 60.000 familias en España a partir de enero de 2026

Riesgo de desahucios a partir de 2026

Durante la marcha, el portavoz de Juntes per l’Habitatge, Pablo Ramos, ha advertido de que la no prórroga del Escudo Social supondría el inicio de una “cuenta atrás” para miles de hogares. Según los datos aportados por la plataforma, la finalización de esta medida afectaría a 60.000 familias en todo el Estado, de las cuales 5.000 corresponden a la Comunitat Valenciana y casi 900 a la ciudad de València, todas ellas en riesgo de desahucio a partir del 1 de enero de 2026.

Ramos ha señalado que el precio de la vivienda en València es “impagable e inasumible”, al tiempo que ha denunciado un aumento continuado de los procedimientos de desahucio en la ciudad.

Reivindicaciones y consignas en la calle

La protesta ha sido convocada por Juntes per l’Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, y ha estado acompañada de consignas contra los desahucios, la especulación inmobiliaria y el auge de los apartamentos turísticos.

Los convocantes denuncian que los alquileres siguen subiendo mientras los desahucios se mantienen y el parque público de vivienda es insuficiente

Desde la organización han avanzado que las movilizaciones serán “constantes” hasta que se produzca un acercamiento real por parte de las administraciones. Según Ramos, las propuestas planteadas al Gobierno autonómico han sido rechazadas, mientras que el Ayuntamiento de València se ha negado a recibir a los colectivos convocantes.

Una problemática de alcance estatal

El portavoz ha subrayado que la crisis de la vivienda es una cuestión estructural y estatal, que persiste “gobierne quien gobierne”, y ha lamentado que esta problemática se mantenga en un segundo plano dentro de la agenda política.

Además, ha reclamado una actuación coordinada entre administraciones locales, autonómicas y estatales para abordar el problema de forma conjunta.

Las plataformas exigen un plan de choque consensuado con movimientos sociales, vecinales y sindicales

Manifiesto y exigencias finales

Al término de la manifestación se ha leído un manifiesto en la Plaza de la Virgen, en el que se ha calificado la situación de acceso a la vivienda como “gravísima y dramática”. En el texto se han señalado las responsabilidades de todas las administraciones públicas y partidos políticos, y se ha exigido un Plan de Choque con medidas concretas y consensuadas.

Las entidades han insistido en la prórroga urgente y mejora del Escudo Social, alertando de que su finalización mantendría los desahucios y agravaría la exclusión residencial, en un contexto de alquileres cada vez más inaccesibles y creciente presión especulativa.

Impacto territorial y social de la vivienda

El manifiesto también ha denunciado el uso de la vivienda y del territorio como un bien de mercado, la expansión de los apartamentos turísticos sin control efectivo, el aumento del acoso inmobiliario y la falta de un parque público de vivienda suficiente.

En este contexto, los convocantes han vinculado el acceso a la vivienda con otros derechos básicos, como la igualdad de oportunidades, el empleo estable, la educación y la salud mental.

Cifras clave del conflicto de la vivienda

Los colectivos han concluido que la vivienda no debe ser un privilegio, sino la base de una vida digna, y han defendido que exigir su cumplimiento es un acto democrático y legítimo recogido tanto en la Constitución española como en los acuerdos internacionales suscritos por el Estado.

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