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CSIF urge al Gobierno a regular ya el Estatuto del Personal Investigador en Formación para acabar con los abusos laborales que cometen las universidades con este colectivo, un colectivo que el sindicato cifra en más de 100.000 jóvenes.
La organización sindical exige al Ejecutivo que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados y recuerda que “el pleno aprobó el 14 de marzo del año pasado una moción, consecuencia de interpelación, con el voto de todos los grupos parlamentarios, por la que se insta al Gobierno a solucionar esta situación”, por lo que “ya llevamos un año de retraso”.
Denuncia CSIF que las universidades abusan de estos jóvenes investigadores para cubrir horas de docencia y por tanto la falta de personal en las aulas e informa que “se trata de jóvenes que trabajan desarrollando su tesis doctoral en universidades y Organismos Públicos de Investigación con contratos con una duración máxima de cuatro años, una jornada laboral de 37 horas semanales y un sueldo por debajo de los 900 euros brutos mensuales”, con el agravante de que estos investigadores en formación “no tienen la posibilidad de percibir los incrementos que sí se aplican al resto de empleados públicos, ni cobrar complementos por las horas de docencia que asumen después de superar un concurso público de méritos.”
Además, hace notar CSIF que en muchos casos estos investigadores “llegan a las 38’25 horas a la semana, especialmente cuando se trabaja en laboratorios y hay muestras que necesitan control, incluso los festivos. Y además como no fichan, no se les reconocen nunca horas extras”.
CSIF -que participa en la negociación del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación con el Ministerio de Economía- asegura que éste debe recoger la creación de un código específico (que les de rango específico de trabajadores y no becarios a efectos de Seguridad Social), recuperar la indemnización por finalización de contratos, la equiparación salarial entre convocatorias y un límite a las horas de docencia que evitara los abusos laborales y desvirtuar el objeto de los contratos, que es la realización de tareas de investigación.
Sin embargo, el sindicato se queja de que el borrador que ha presentado el Ministerio, frente a las promesas iniciales, no recoge un mínimo en las retribuciones y se incrementan de manera considerable el número de horas de docencia que se pueden asumir, abriendo así la puerta al abuso para cubrir el déficit de efectivos sin contratar a más personal.
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