Trabajador
Entre 2005 y 2017, un total de 12.404 empresas de la Comunidad de Madrid fueron inspeccionadas junto a un total de 383.046 contratos temporales, en el marco de la campaña sobre la calidad en el empleo de la Inspección de Trabajo. Y encontró que el 29,6% de estos empleados trabajaban con contratos con irregularidades o fraudulentos. Pero 2017 empeora alarmantemente el dato: desde enero de este año el porcentaje de contratos fraudulentos aumentó hasta el 36,7%.
De un total de 2.266 empresas y 35.209 contratos temporales examinados, hasta 7.359 trabajadores y trabajadoras han visto transformado su contrato temporal en indefinido gracias a la Inspección de Trabajo sobre un total de 20.036 trabajadores y trabajadoras afectados por esta labor inspectora, recoge el sindicato.
“Las irregularidades detectadas han alcanzado al 36,72 % de los trabajadores sujetos a la inspección en relación con sus contrataciones temporales. Es decir, uno de cada tres asalariados tenía una contratación no ajustada a la normativa laboral, era irregular o directamente fraudulenta”, denuncia el sindicato UGT.
La plataforma sindical critica que el fraude en la contratación temporal aumenta 7 puntos porcentuales mientras hay “una evidente mejoría de la situación económica de las empresas” de la Comunidad de Madrid.
El sindicato achaca la progresiva degradación de la contratación laboral a las reformas laborales iniciadas en 2010, “que han otorgado más poder a los empresarios y allanado el camino para profundizar en una utilización fraudulenta de la contratación temporal”.
Pone como ejemplo los contratos de obra o servicio y eventuales por circunstancias de la producción, que acaparan 8 de cada 10 contratos totales cada año. “Estos contratos cada vez duran menos y muy habitualmente suplen actividades estables a las que corresponderían contratos fijos discontinuos, tiempo imparcial indefinido o, sobre todo y directamente, indefinido ordinario a jornada completa”, denuncia.
El sindicato exige la derogación de las dos últimas reformas laborales y que, junto a ello, «se adopten de una vez medidas eficaces para perseguir el fraude en la utilización de la contratación temporal lo que exige que este tenga consecuencias económicas suficientemente elevadas para lograr una respuesta claramente disuasoria de esta mala praxis que existe en el mercado laboral español”.
El sindicato en la región madrileña denuncia sin ambages “que hay empresarios que realizan estas prácticas de manera consciente y con clara intención de explotar al trabajador, defraudar al estado y realizar una competencia desleal con las empresas del sector”.
Sin embargo, UGT cree que es “la permisividad legislativa, la falta de recursos de la inspección de trabajo y la levedad de las sanciones” lo hace que defraudar sea ventajoso para el empresario: “Sólo cuando son investigados por la Inspección de Trabajo es cuando se ven obligados a cambiar y ajustar los contratos irregulares a lo establecido por el ordenamiento legislativo en materia laboral, pero sin graves consecuencias sancionadoras”.
UGT denuncia que se trata de una práctica de explotación laboral, que afecta gravemente al trabajador o trabajadora que se ve coaccionado a aceptar unas condiciones laborales irregulares bajo la amenaza de no ser contratado o ser despedido. “La Administración Pública también debe considerarse implicada por este empeoramiento del fraude en la contratación en la Comunidad de Madrid por los evidentes perjuicios económicos y recaudatorios”, denuncia, pidiendo
Ante la gravedad de los datos de Inspección de Trabajo, pide articular “un nuevo sistema de sanciones económicas suficientemente elevadas como para que desaliente y disuada los casos de contratación irregular y fraudulenta”. Igualmente, exige incrementar el número de inspectores “hasta duplicar, al menos, su número actual, claramente insuficiente”.
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