La Unión Progresista de Fiscales ha criticado que la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones sumarias supone un «brutal retroceso» en el reconocimiento de los Derechos Humanos de los migrantes. Asimismo, ha señalado que es una «ostensible disminución» de la protección y tutela que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, ha explicado que la interpretación que realiza Estrasburgo «conlleva como primera consecuencia el despojo de los derechos inherentes que toda persona tiene por el mero hecho de serlo», reconocidos en el artículo 4 del Protocolo número 4 y del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para la organización, la sentencia parte de la premisa, «errónea y equivocada», que la decisión por parte de la persona migrante de no hacer uso de las vías legales «es deliberada». «Sin embargo, la tozuda realidad se impone, demostrando que esas vías legales suponen un mayor obstáculo que las alambradas, por su inexistencia o inoperancia y masificación», ha criticado.
Por último, la Unión Progresista de Fiscales ha subrayado que los denominados «rechazos en frontera» introducidos por la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana «sitúan a las personas al margen de las garantías y procedimientos establecidos y vulneran el derecho a la dignidad y los derechos que les son inherentes».
