De esta forma, el espacio confederal va a defender que esa minoración de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ de las compañías eléctricas, y el resto de actuaciones que «intervienen el mercado» no se limiten a los seis meses que pauta el decreto y se prolonguen.
Así lo han explicado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press para destacar que las iniciativas que contiene no se puede «rebajar» y que si el PSOE cede a la «presión» de las compañías eléctricas, no tendrá «números en el Congreso que les respalden».
MEDIDAS DEL DECRETO
El decreto aprobado en septiembre, tras negociaciones entre los socios del Ejecutivo, obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros. Una minoración que no es permanente sino limitada a marzo de 2022, cuando el Gobierno estima que termine la actual escalada del precio del gas.
Asimismo, se limita la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres, e incentiva las subastas de compra de energía a largo plazo. También se suman medidas de rebajas de impuestos y prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables ante situaciones de impago.
ADVERTENCIAS DE PODEMOS
La semana pasada el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, ya advirtió al PSOE que no se puede «recular» en el alcance de las medidas para bajar el precio de la luz y, por tanto, debían mantenerse e incluso «reforzarse» si fueran necesario.
«Ese paquete debe mantenerse. Nadie entendería que en un contexto de subida del precio de los mercados mayoristas el Ejecutivo recule en las medidas adoptadas y Unidas Podemos es muy claro, el paquete debe mantenerse y debe de reforzarse si es necesario», ahondó.
La coportavoz estatal de la formación, Isa Serra, fue más allá y exigió al Ejecutivo no ceder a las «presiones», «chantajes» y «amenazas» del «oligopolio» eléctrico, tras conocer informaciones sobre reuniones de estas compañías con la Vicepresidencia de Transición Ecológica. A su juicio, reducir el impacto de estas medidas desligitimaría al Gobierno.
Mientras, la ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra, también se manifestó en un comentario en Twitter al decir que «en democracia no deben tener cabida las amenazas por parte de las empresas eléctricas a la ciudadanía». «El Gobierno debe mantenerse firme en las medidas para bajar la factura de la luz. Siempre del lado de la gente», sentenció.
Hoy mismo y en declaraciones a los medios en el Congreso, la ministra ha subrayado que retirar beneficios caídos del cielo a las eléctricas es lo «sensato» y lo «único que se podía hacer», reivindicando que se trata de medidas «valientes».
«Nos equivocaríamos si cuando las eléctricas le están echando un pulso al la ciudadanía de nuestros país, el Gobierno flaquea. Tenemos que mantenernos firmes y proteger a la gente, que es la que nos puso aquí», ha destacado
En el marco de su ‘Universidad de otoño’, Podemos anunció que impulsará una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en este país para poner fin al «abuso» del oligopolio.
De hecho, la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge, cargó contra la vicepresidente Teresa Ribera al exigirle que no fuera la «ministra subordinada» de la Unión Europea.
A su vez, Belarra avanzó en el cierre de este foro su propuesta de constituir en el horizonte 2030 empresas públicas de energía en todos los sectores estratégicos, como es el caso de la electricidad, telecomunicaciones, banca o la industria farmacéutica.
