El Rey emérito, Juan Carlos de Borbón
Unidas Podemos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados su petición para crear una comisión de investigación en torno a uso de tarjetas de crédito opacas por parte del rey emérito Juan Carlos “con posterioridad a su abdicación con cargo a fondos procedentes del extranjero”.
El portavoz de la formación en la Cámara baja, Pablo Echenique, ha anunciado en sus redes sociales la presentación de esta iniciativa al tratarse de “hechos ocurridos tras su abdicación” y ha sostenido que “la Mesa del Congreso no tiene excusa posible para bloquearla”.
https://twitter.com/PabloEchenique/status/1337331677610315778?ref_src=twsrc%5Etfw
Según se expone en la mencionada petición registrada, se ha conocido a través de los medios que la Fiscalía Anticorrupción “está investigando, desde finales de 2019, al Rey Emérito Juan Carlos de Borbón y a Sofía de Grecia, por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuraría como titulares”. Unas tarjetas con las que “se habrían pagado abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la familia real” y cuyos habría sido sufragados “por un empresario mexicano amigo del mérito”.
Además, el grupo parlamentario destaca que los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, “todos ellos posteriores a la abdicación”. A esto añade Unidas Podemos el pago de 678.393,72 euros a la Hacienda pública española para regularizar su situación fiscal, lo que “supondría la admisión de al menos una parte del fraude investigado por el Ministerio Público, y, por ende, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal”.
En su opinión, “esta maniobra tendría por objetivo evitar que prospere una investigación penal por los delitos fiscales presuntamente cometidos por el Rey Emérito en 2016, 2017 y 2018, es decir, con posterioridad a su abdicación”.
Unidas Podemos quiere, con esta comisión, “esclarecer lo ocurrido” e “instar la puesta en marcha de políticas públicas que permitan reparar los perjuicios ocasionados por este tipo de actuaciones y evitar su comisión en el futuro”.
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