Así consta en las conclusiones de la formación ‘morada’ a la Subcomisión de regulación del cannabis para uso medicinal en el Congreso de los Diputados, a las que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, Unidas Podemos (UP) defiende que dispensar este cannabis terapéutico en las oficinas de farmacia «podría asegurar cierto seguimiento y cuantificación de los consumos, así como asegurar, en cierta medida, la accesibilidad para los pacientes».
«Una gran mayoría de los comparecientes de países extranjeros han expuesto que en aquellos países que existe una regulación, se ha optado por sistemas de dispensación controlados y estrictos de los preparados de cannabis de uso medicinal. En aquellos países que han optado por su utilización bajo receta médica, esto se realiza en farmacias», explican al respecto.
Sobre las enfermedades para las que estaría indicado, UP apunta que «puede ser de gran utilidad para tratar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, estrés postraumático y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)».
En cualquier caso, y al igual que el PSOE, desde Unidas Podemos puntualizan que «nuevos estudios pueden aportar más indicios». «Se ha de promover la investigación sobre la utilidad del uso del cannabis o sus productos para otros diagnósticos», insisten al respecto.
Igualmente, la formación ‘morada’ apuesta por poner en marcha un registro centralizado de los pacientes a los que se prescriben estas fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis a partir de los registros de cada Servicio Autonómico de Salud, que «responda a motivos de seguimiento estrictamente».
En este sentido, defienden que la utilización de un registro centralizado, como propone el PSOE, podría suponer «un grave riesgo de estigmatización del paciente». «Es de recaudo tomar medidas de salvaguarda que velen por la protección del derecho a la intimidad y a la privacidad de estos datos, dado que esta medida podría inhibir el acceso a personas que lo requieran», insisten.
Los socios de Gobierno también difieren en cuanto a cómo tienen que ser los productos de cannabis dispensados. El PSOE quiere «fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis para su uso directo en determinados casos, asegurando su estabilidad y uniformidad».
«La existencia de preparados estandarizados, con una composición definida, supone una ventaja en términos de dosificación, estabilidad y manejo», justifican los socialistas, a lo que añaden que la prescripción se debería realizar «exclusivamente» por profesionales sanitarios, «en un contexto libre de potenciales conflictos de interés» y dentro de la sanidad pública.
Por su parte, UP busca fórmulas a través de «extractos, preparados estandarizados o las sumidades floridas del cannabis», es decir, cogollos, que «hoy no tienen una autorización de comercialización para poder dar respuesta a aquellos pacientes a los que se les prescriba a través de los canales establecidos, con plenas garantías de seguridad, y en las que pueda conllevar una mejora frente al tratamiento establecido».
UP esgrime que «la mayoría de los pacientes ya disponen de acceso al cannabis en flor ya sea por medio de clubes sociales o por medio del autocultivo». «Eliminar esta posibilidad para aquellos que ya la utilizan sería una restricción en la disponibilidad que respondería a un criterio moral, justamente lo contrario que se pretende por medio de la regulación», remachan.
Igualmente, para desarrollar estas fórmulas, recomiendan impulsar una industria «pública» que «pueda promover la investigación de manera neutra, y con capacidad para garantizar un suministro mínimo estable y constante».
Tras la presentación de todas las propuestas de conclusiones, los grupos de la subcomisión de cannabis medicinal del Congreso tendrán hasta el 21 de junio para negociar las conclusiones definitivas, de acuerdo a la normativa de la Cámara Baja.
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