El Anteproyecto de Ley regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE) conocida como ‘whistleblower’.
Según la nota informativa remitida por Justicia, el objeto de la Directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
Llop ha explicado que supone «un gran paso en el compromiso por la regeneración democrática y la limpieza de las instituciones», y ha añadido que en España la corrupción es un asunto que preocupa especialmente a la sociedad, por delante de problemas como la vivienda, la seguridad o el medioambiente. Ha incidido en que esto contrasta con los pocos procesos por corrupción y el número bajo de condenas y procedimientos vivos en los juzgados, y lo ha achacado a que se producen pocas denuncias.
Además, se ha mostrado convencida de que esta normativa hará que España mejore en el ranking del índice de Percepción de la Corrupción de entidades internacionales, como GAFI o GRECO. «Estamos en la línea del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, que prevé la protección de denunciantes en el artículo 32 y cuyo informe cifra el coste de la misma en un 5% de PIB global, unos 2,6 trillones de dólares», ha explicado.
CLIMA DE CONFIANZA
Al hilo, ha indicado que con este anteproyecto se creará un clima de confianza en el seno de las organizaciones porque el informante estará más protegido. Y ha matizado que Justicia crea dos herramientas para esta norma: los canales internos y externos, y la prohibición mediante sanciones de hasta un millón de euros de cualquier represalia contra el informante.
Además, ha subrayado que el Estado tiene la obligación de proteger a estos informantes porque la corrupción reduce el atractivo de la inversión en el país, y Justicia entiende que necesariamente se debe proceder a la trasposición de esta directiva. Se da la circunstancia de que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a principios de febrero contra España por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la nueva norma europea conocida como ‘whistleblower’, una directiva que los países debían haber aplicado el pasado diciembre.
Hoy, Llop no ha hecho referencia a ese expediente, pero sí ha dicho que la directiva es relevante en el contexto de transformación del país y que conlleva reformas para la recuperación, para la resiliencia y para la transformación de la economía.
Esta Directiva establece una regulación dirigida tanto al sector privado como público y dota de un sistema eficaz de protección a las personas que informan sobre irregularidades y corrupción. Con esta norma, cualquier ciudadano y cualquier funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario.
Llop ha subrayado que este nuevo mecanismo «no sustituye las vías de denuncia existentes» y viene a sumarse a «todas las medidas antifraude de lucha contra la corrupción que se han venido desarrollando en esta legislatura».
LOS CANALES
El nuevo anteproyecto establece, entre otras cuestiones, un régimen jurídico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional.
También regula los sistemas internos de información, que se perfilan como cauce preferente dentro de la libertad del informante para elegir el canal a seguir según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere, garantizando asimismo el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.
Del mismo modo, establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan, las cuales podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.
SECTOR PÚBLICO
En el sector público se tendrá que contar con un sistema interno de información las Administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros.
Del mismo modo, los municipios cuya población no supere los 10.000 podrán compartir medios para la recepción de informaciones con otros ayuntamientos, también de menor población, o con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma Comunidad Autónoma, aunque cada corporación local tenga un responsable de su sistema interno de información.
Con esta nueva norma, alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 –‘Paz, justicia e instituciones sólidas’–, se cumple con los compromisos normativos adquiridos con la Unión Europea (UE) y se contribuye a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE. Además, con este anteproyecto de ley, señalan desde Justicia, se pretende dar cumplimiento a una serie de objetivos del Plan y acción del Gobierno en la lucha contra la corrupción, incluidos en el acuerdo de coalición en el IV Plan de Gobierno abierto 2020-2024.
